BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 79 - Miércoles, 24 de abril de 2024

página 43524/9

7. Relación de personas aprobadas.
7.1. Tras la realización del ejercicio, el Tribunal hará público, en el Portal del Personal,
apartado «Convocatorias de empleo PTGAS», de la página web de la Universidad de
Córdoba, el acuerdo con la relación provisional de personas aprobadas. Contra este
acuerdo se podrán presentar reclamaciones en el plazo de diez días hábiles, que
serán resueltas por el Tribunal mediante acuerdo definitivo. En caso de no presentarse
reclamaciones, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.
Las personas aspirantes que no se hallen incluidas en dicha relación provisional
tendrán la consideración de no aptas a todos los efectos, quedando eliminadas del
proceso selectivo.
7.2. Concluido el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal publicará, en el medio
indicado en el punto anterior, una relación de las personas aspirantes que hayan superado
la fase oposición, con indicación de la puntuación obtenida, en un plazo igual o inferior a
diez días hábiles.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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6.2. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para que el desarrollo del ejercicio
de la fase de oposición se realice velando por el cumplimiento de las garantías de
imparcialidad y objetividad en la realización de estos. El Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar la confidencialidad del contenido del ejercicio antes de
su realización y para que del ejercicio de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal sean corregidos sin que se conozca la identidad de las
personas aspirantes.
6.3. El Tribunal informará, antes de la realización del ejercicio, de los aspectos
necesarios para su desarrollo, así como de los criterios específicos de corrección y de
la nota mínima para superarlos. El Tribunal estará facultado para establecer los criterios
de valoración y el mínimo para superar el ejercicio, teniendo las demás facultades y
competencias que se recogen en la base 5.2 de la convocatoria.
6.4. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a las personas aspirantes para
que acrediten su identidad.
6.5. Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio de la
fase de oposición en llamamiento único, siendo excluidas del concurso-oposición aquellas
personas que no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados conforme
se establece en el artículo 19.3 y 19.4 del Reglamento 25/2022 de Ingreso, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Técnico, de Gestión y de
Administración y Servicios de la Universidad de Córdoba, modificado por acuerdo de
Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2024.
6.6. El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la fase de oposición
se publicará en el Portal del Personal, apartado «Convocatorias de empleo PTGAS», de
la página web de la Universidad de Córdoba, con una antelación no inferior a diez días
hábiles. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
6.7. Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento
de que alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Córdoba, comunicándole, en caso de existir,
las inexactitudes o falsedades formuladas por esta en la solicitud de admisión a estas
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
Contra la resolución que acuerde la exclusión definitiva, la persona interesada podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta, ante este Rectorado, o demanda en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Social de Córdoba, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.