BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 16 de febrero de 2024

página 40799/14

Este escenario macroeconómico descrito, en el que el crecimiento económico se
mantiene en niveles reducidos, con riesgos financieros y en el que la inflación persiste
como un elemento desestabilizador de la situación económica, configura una situación de
excepcionalidad que justifica la necesidad de seguir profundizando, con carácter urgente,
en la adopción de reformas normativas e implementación de todas aquellas medidas
que permitan que las actividades productivas se desarrollen en un entorno que facilite
la implantación de nuevas inversiones y favorezca la consolidación y crecimiento de las
empresas existentes en el tejido productivo de Andalucía.
La mejora regulatoria, entendida como política pública de carácter trasversal que ha
de funcionar como premisa para que toda intervención pública garantice la consecución
de sus objetivos de interés público al mínimo coste, se convierte en un pilar fundamental
para promover la productividad, la creación de empleo y un crecimiento sólido y estable
de nuestra economía y, al mismo tiempo, para contribuir a una mejora en la prestación de
servicios y, consecuentemente, en el bienestar de ciudadanos y empresas.
Diversos estudios y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico avalan que aquellos países o regiones con una mejor puntuación
en los indicadores de calidad regulatoria e institucional suelen mostrar un crecimiento
potencial a largo plazo más elevado y robusto. Asimismo, dichos países, también cuentan
con mayores tasas de productividad y, por ello, niveles de bienestar más elevados para
sus ciudadanos.
A su vez, las mejoras en la legislación administrativa sectorial, además de tener un
impacto favorable en las actividades económicas y la creación de empresas, pueden
producir también efectos significativos en el aumento de la renta per cápita, cuando se
trata de mejoras sustanciales.
Contar con un ordenamiento que aporte seguridad jurídica y lograr que la
Administración Pública se centre en lo esencial y no consuma recursos en lo superfluo
se configuran como elementos clave de competitividad. Adicionalmente, resulta preciso
un cambio de cultura de la Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva
y adoptar las medidas necesarias para impulsar la creación de un marco regulatorio
eficiente de acceso y ejercicio a las actividades económicas.
Desde un enfoque económico, el beneficio de la mejora regulatoria para el conjunto
de la ciudadanía y las empresas es claro. Está ampliamente contrastado que las barreras
y obstáculos innecesarios y desproporcionados, los marcos normativos complejos, la
existencia de duplicidades y la fragmentación del mercado tienen un impacto negativo
directo sobre la productividad y el crecimiento. Por ello, es esencial disponer de mercados
flexibles, competitivos y bien regulados para facilitar la adaptación del tejido productivo
a los nuevos hábitos y necesidades sociales, propiciar el correcto funcionamiento de las
actividades económicas, atraer la inversión, impulsar el crecimiento y desarrollo económico,
la creación de empleo, y con ello, el bienestar general y la prosperidad de los ciudadanos.
Por todo ello, desde una perspectiva transversal, el compromiso político con la mejora
de la calidad de la regulación en nuestra Comunidad Autónoma ocupa un lugar estratégico
en la agenda de este Gobierno, y se ha hecho patente en la presente legislatura, mediante
el refuerzo institucional de esta política, a través de la creación de la Dirección General
con competencias en materia de simplificación administrativa dentro de la Consejería con
competencias en Presidencia. Dicha Dirección General, sin perjuicio de las competencias
que correspondan a la Secretaría General de Administración Pública, desarrolla una
labor crucial en la definición de las estrategias de simplificación administrativa en el
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo además el órgano directivo
que ha liderado el gran impulso reformista y de simplificación que se materializa en el
presente Decreto-ley con más de 450 medidas aprobadas, gracias al esfuerzo conjunto y
al compromiso de todas las Consejerías.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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