3. Otras disposiciones. . (2023/239-41)
Resolución de 11 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización operativa, con enfoque evaluador, de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía: especial referencia a su impacto social.
105 páginas totales
Página
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18854/4
1. INTRODUCCIÓN
1
La Cámara de Cuentas de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en su Ley de creación y conforme
a lo previsto en el Plan Anual de Actuación de 2021, ha realizado una fiscalización operativa, con
enfoque evaluador, de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA): especial referencia a su impacto social.
2
A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria que será completada, en caso necesario, por medios de
protección social (arts. 22 y 23.3). Por otra parte, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
que plantea entre sus objetivos poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
3
Dentro del marco estatal, la Constitución Española (CE), en su artículo 1, establece el carácter
social del Estado que propugna la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico; por
otro lado, el art. 9.2 insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
4
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía prevé que los poderes públicos deben adoptar las medidas adecuadas para alcanzar una serie de objetivos básicos entre
los que figura la cohesión social, especialmente mediante el impulso de la legislación pertinente,
la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas (arts. 10.3 y 10.4). Además, se contempla como uno de los principios rectores que deben
orientar las políticas públicas, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o
exclusión y discriminación social (art. 37.1.7º).
5
El sistema social de garantía de ingresos comprende el conjunto de todas las prestaciones monetarias de naturaleza no contributiva sujetas a la comprobación de recursos que tratan de dar
respuesta a los problemas de insuficiencia de los ingresos de familias y personas. Las rentas mínimas autonómicas, a pesar de representar solo una parte del sistema, tienen gran importancia
al tratarse de un instrumento de protección general frente al riesgo de pobreza.
6
Los antecedentes normativos en Andalucía de programas de rentas mínimas de inserción se inician en 1990, encontrándose vigente en la actualidad el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (DL 3/2017 en adelante).
Cabe recordar que en los ejercicios previos a la aprobación de este decreto, Andalucía, respecto
del conjunto de España y su entorno europeo, quedaba situada en una posición desfavorable en
los indicadores relacionados con la vulnerabilidad de la población. Así, en los ejercicios 2016 y
2017, la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), se situaba en el 41,7% y
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00293968
En el ámbito europeo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el art.
34.3, reconoce el derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. Asimismo, en el contexto de la Estrategia Europa
2030, el Consejo de la Unión Europea, en junio de 2017, adopta la precitada Agenda 2030.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18854/4
1. INTRODUCCIÓN
1
La Cámara de Cuentas de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en su Ley de creación y conforme
a lo previsto en el Plan Anual de Actuación de 2021, ha realizado una fiscalización operativa, con
enfoque evaluador, de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA): especial referencia a su impacto social.
2
A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria que será completada, en caso necesario, por medios de
protección social (arts. 22 y 23.3). Por otra parte, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
que plantea entre sus objetivos poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
3
Dentro del marco estatal, la Constitución Española (CE), en su artículo 1, establece el carácter
social del Estado que propugna la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico; por
otro lado, el art. 9.2 insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
4
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía prevé que los poderes públicos deben adoptar las medidas adecuadas para alcanzar una serie de objetivos básicos entre
los que figura la cohesión social, especialmente mediante el impulso de la legislación pertinente,
la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas (arts. 10.3 y 10.4). Además, se contempla como uno de los principios rectores que deben
orientar las políticas públicas, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o
exclusión y discriminación social (art. 37.1.7º).
5
El sistema social de garantía de ingresos comprende el conjunto de todas las prestaciones monetarias de naturaleza no contributiva sujetas a la comprobación de recursos que tratan de dar
respuesta a los problemas de insuficiencia de los ingresos de familias y personas. Las rentas mínimas autonómicas, a pesar de representar solo una parte del sistema, tienen gran importancia
al tratarse de un instrumento de protección general frente al riesgo de pobreza.
6
Los antecedentes normativos en Andalucía de programas de rentas mínimas de inserción se inician en 1990, encontrándose vigente en la actualidad el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (DL 3/2017 en adelante).
Cabe recordar que en los ejercicios previos a la aprobación de este decreto, Andalucía, respecto
del conjunto de España y su entorno europeo, quedaba situada en una posición desfavorable en
los indicadores relacionados con la vulnerabilidad de la población. Así, en los ejercicios 2016 y
2017, la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), se situaba en el 41,7% y
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00293968
En el ámbito europeo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el art.
34.3, reconoce el derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. Asimismo, en el contexto de la Estrategia Europa
2030, el Consejo de la Unión Europea, en junio de 2017, adopta la precitada Agenda 2030.
