BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 231 - Viernes, 1 de diciembre de 2023

página 40079/1

1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

La integración social de las personas con discapacidad es un derecho constitucional, y
corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que
la impiden o dificultan. Del mismo modo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en
su artículo 10, reconoce el derecho al empleo, que constituye un objetivo básico para
todos los poderes públicos y un referente para las políticas públicas andaluzas. Para la
consecución de tales fines, los poderes públicos deben promover las condiciones para
que la igualdad de la ciudadanía y de los grupos que la integran sean reales y efectivas,
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como fomentar la calidad
de la democracia y facilitar la participación de todos los andaluces en la vida política,
económica, cultural y social.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 10.3.1.º que la
Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con los
objetivos básicos de la consecución del pleno empleo estable y de calidad en todos
los sectores de la producción. Asimismo, el artículo 167, obliga a los poderes públicos
a garantizar el cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el ámbito laboral, en el acceso a la
ocupación, la formación y promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la
retribución.
Por su parte, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, regula el derecho al trabajo de las personas con discapacidad,
en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no
discriminación.
El artículo 43 del mencionado texto legal define los centros especiales de empleo como
entidades de integración laboral de las personas con discapacidad, cuyas actuaciones
deben ir orientadas a facilitar la adaptación social y laboral de las personas trabajadoras
con discapacidad, especialmente de aquellas que presenten mayores dificultades para
su integración social, y favorecer el tránsito hacia su inserción en empresas del mercado
ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de las personas trabajadoras que
desempeñan puestos equivalentes.
A este respecto debemos señalar la incorporación de un nuevo apartado cuatro al
citado precepto introducido por la disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre la consideración de centros especiales de
empleo de iniciativa social como una tipología diferenciada, y establece los requisitos
para tal consideración.
El artículo 45.2 del citado Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las administraciones
públicas, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán la creación y puesta en
marcha de centros especiales de empleo, sea directamente o en colaboración con otros
organismos o entidades, a la vez que fomentarán la creación de puestos de trabajo para
personas con discapacidad mediante la adopción de las medidas necesarias para la
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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Orden de 27 de noviembre de 2023, de la Consejería de Empleo, Empresa y
Trabajo Autónomo, por la que se desarrolla el procedimiento de calificación,
inscripción, modificación de datos registrales y descalificación de los centros
especiales de empleo y la organización y funcionamiento del Registro Andaluz
de Centros Especiales de Empleo.