BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 23 - Viernes, 3 de febrero de 2023

página 2097/2

Asimismo, en el artículo 8.2.b) del citado decreto se atribuye a la Secretaría General
para la Administración Pública el impulso, dirección y coordinación de los planes,
proyectos e iniciativas de transformación e innovación de la Administración Pública,
así como de evaluación de las políticas públicas. Respecto de esta última materia
resulta conveniente concretar que la gestión de la evaluación de las políticas públicas
corresponde al Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro de sus competencias y
funciones, de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Decreto
164/2022, de 9 de agosto.
La complicada estructuración de competencias compartidas en el ámbito de la
Administración de Justicia ha dificultado el planteamiento, desarrollo y ejecución de
unas verdaderas políticas andaluzas en materia de justicia. Así, desde que en el año
1997 se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias en aquella
materia mediante el Real Decreto 141/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de provisión de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, y el
Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la
actuación autonómica prácticamente se ha limitado a la mera ejecución de las iniciativas
y líneas de actuación dictadas por el Estado, sin que en ningún momento se haya contado
con una adecuada planificación estratégica en materia de justicia.
Andalucía sigue siendo una de las Comunidades Autónomas con mayor tasa de
litigiosidad de España. Así, según los propios datos del Consejo General del Poder
Judicial, en el pasado año 2022, la Comunidad Autónoma de Andalucía no solo superó
la tasa de litigiosidad media del conjunto de España, sino que además se situó como la
segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de litigiosidad del país.
Junto a esa elevada litigiosidad, cuyo origen responde a causas diversas y complejas,
generalmente vinculadas a una estructura organizativa y territorial decimonónica,
la adecuada prestación del servicio público de justicia en Andalucía también se ve
claramente lastrada por la situación de las infraestructuras judiciales existentes en
nuestro territorio, con una preocupante dispersión de sedes judiciales, además de un
parque inmobiliario que en gran parte cuenta con varias décadas de antigüedad y que
dista de cumplir con las modernas exigencias de sostenibilidad y eficiencia energética.
Por otra parte, la garantía de acceso a la Justicia para la ciudadanía andaluza, además
de exigir un importante avance en lo relativo a la digitalización de la Administración de
Justicia, también demanda un notable impulso para lograr la definitiva implantación en
nuestra Comunidad Autónoma de los denominados medios adecuados a la solución de
controversias y, en especial, la mediación, de modo que además de la vía judicial, la
ciudadanía pueda optar por otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos,
aliviando así la situación de colapso en que se encuentran muchos órganos judiciales
y posibilitando a aquellos una respuesta más ágil, eficaz y satisfactoria, con un coste
económico menor.
En cualquier caso, en un momento como el actual, en el que la Administración de
Justicia se encuentra inmersa en un proceso de reforma estructural, que se materializará
en diversas leyes de eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia digital, así
como en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, también se evidencia la necesidad
de contar en la Comunidad Autónoma de Andalucía con una estrategia adecuadamente
planificada para los próximos años, pues las reformas legislativas en trámite comportarán
cambios notables en el modelo tradicional de Administración de Justicia (con la
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00277148

- Las relativas a justicia juvenil.
- La atención a las víctimas de terrorismo y a las víctimas de delitos, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a otros órganos.