Disposiciones generales. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. (2022/246-3)
Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 246 - Martes, 27 de diciembre de 2022

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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS
E IGUALDAD
Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de
carácter extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción
Social, bono social térmico y de simplificación de los procedimientos de
expedición del título de familia numerosa y de atención a las personas con
discapacidad en Andalucía.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce en el artículo
34.3 el derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna, mientras que
la Constitución Española, en su artículo 9.2, insta a los poderes públicos a «promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica,
cultural y social».
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en el artículo 37.1.7.º
como uno de los principios rectores que deben orientar las políticas públicas «La atención
social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social».
A nivel de competencias, nuestra Comunidad Autónoma ostenta, según el artículo 61,
la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, en base a lo establecido en
el artículo 84, la potestad de organizar y administrar, entre otros, todos los servicios
relacionados con servicios sociales y ejercer la tutela de las instituciones y entidades
en esta materia y, finalmente, de conformidad con el artículo 63, en el marco de la
legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones
laborales, añadiendo el artículo 169.3 la responsabilidad de los poderes públicos de
diseñar y establecer políticas concretas para la inserción laboral de los colectivos con
especial dificultad en el acceso al empleo, prestando especial atención a los colectivos
en situación o riesgo de exclusión social.
Con base en estas previsiones estatutarias, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía, establece en su artículo 5 los objetivos que marcan
el desarrollo de la misma, indicando, en su letra h), el de «Garantizar la cobertura de
la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las
situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos
en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y promover su inclusión social».
Asimismo, en su artículo 42.2.g) se reconoce como derecho subjetivo «Las prestaciones
económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la
desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a
través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral».
La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, aprobada mediante Decretoley 3/2017, de 19 de diciembre, regula la prestación económica orientada a la erradicación
de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social que deberá
incorporar un itinerario a través de un Plan de inclusión sociolaboral.
Tras años de disparidad entre las diferentes coberturas de las prestaciones de
garantía de ingresos mínimos de las distintas comunidades autónomas, a nivel estatal se
pretendió dar una respuesta básica y homogénea en todo el territorio nacional y se aprobó
el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo
vital en un contexto de exigencia y necesidad, a consecuencia de la pandemia, y que
se consolidó en el Ordenamiento Jurídico mediante la Ley 19/2021, de 20 de diciembre,
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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