BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 228 - Lunes, 28 de noviembre de 2022

página 19175/3

Segundo. Regulación aplicable de carácter específico.
1. La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, en la que
se establece que la Consejería de Educación garantizará el desarrollo de programas de
compensación educativa y social en la lucha contra el absentismo escolar, y consolidará
el compromiso con la igualdad de oportunidades.
2. El Decreto 167/2003, que desarrolla la Ley citada, ordena la atención educativa a
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, asociadas a condiciones
sociales desfavorecidas y dispone la colaboración con entidades sin ánimo de lucro en
planes y programas de lucha contra el absentismo escolar.
3. La resolución del Parlamento Andaluz, en la sesión celebrada los días 25 y 26 de
junio de 2003, en la que tomó el acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a elaborar un Plan Integral de Lucha contra el Absentismo Escolar. Así como el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 25 de noviembre de 2003,
que aprobó el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar y la Orden de 19 de septiembre de 2005, que desarrolla determinados aspectos
del citado Plan Integral, entre ellos la elaboración de los correspondientes Planes
Provinciales de Absentismo escolar.
4. El Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprobó el III Plan Integral
para la Inmigración, entre cuyos objetivos está el de asegurar el acceso, en condiciones de
igualdad y equidad de la población extranjera, a la educación, con medidas de promoción
de proyectos de intervención socio-educativa para la prevención del absentismo
escolar dirigidos a garantizar la inclusión social de los sectores de la población más
desfavorecidos.
5. La Orden de la Consejería de Educación de 15 de abril de 2011 (BOJA de 17 de
mayo), estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a entidades
sin ánimo de lucro en materia de absentismo escolar (apartado 1.e) del artículo único de
la citada orden y por Resolución de 23 de junio de 2022 (BOJA núm. 126, de 4.7.2022),
de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar,
por la que se realiza la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a
entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y
otras entidades privadas en materia de equidad, participación, mediación intercultural y
absentismo escolar en Andalucía para el curso 2022/2023 (resuelve primero 1), en la
modalidad de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
6. Son de aplicación el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que
se modifica el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de
Consejerías, por el que se ha modificado la composición y competencias de varias de
las Consejerías que componen la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto
300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de
diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración
de la Junta de Andalucía, y el Decreto 154/2022, de 9 de agosto, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
7. Según lo establecido en el artículo 15 de las bases reguladoras de la Orden de 15
de abril de 2011, y en el apartado 13, del cuadro resumen para la línea de subvención a
entidades sin ánimo de lucro en materia de absentismo escolar, la persona competente
para resolver la concesión de las ayudas es la Delegada Territorial de Desarrollo
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo; la vigente Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 282/2010, de 4 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones
de la Administración de la Junta de Andalucía; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como otras disposiciones de
obligado cumplimiento.