3. Otras disposiciones. Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. (2022/222-47)
Orden de 30 de octubre de 2022, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Cádiz y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 222 - Viernes, 18 de noviembre de 2022

página 18348/10

Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En
particular, las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones
e investigaciones deberán estar debidamente motivadas, debiéndose emplear la
información obtenida únicamente para la finalidad solicitada.
Artículo 21. De representación y defensa de la profesión y sus colegiados.
El Colegio ejercerá las siguientes funciones de representación y defensa de la
profesión y de sus colegiados:
a) Ejercer, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las
Administraciones públicas, los órganos jurisdiccionales y demás poderes públicos, así́
como ante cualesquiera instituciones, entidades y particulares.
b) Defender y amparar a los colegiados en el ejercicio de su profesión, particularmente
en la protección de su independencia y libertad de ejercicio.
c) Actuar ante los juzgados y tribunales en cuantos litigios afecten a los intereses
profesionales, con la legitimación que la ley les otorga, y hacerlo en representación o en
sustitución procesal de sus miembros.
d) Intervenir en los procedimientos, administrativos o judiciales, en que se discutan
cualesquiera cuestiones profesionales, cuando sean requeridos para ello o cuando se
prevea su participación con arreglo a la legislación vigente.
e) Informar, con arreglo a las normas reguladoras, los proyectos o anteproyectos
de disposiciones normativas de la Comunidad Andaluza, que puedan afectar a los
profesionales, o se refieran a los fines y funciones encomendados.
f) Participar en la elaboración de los planes de estudio y mantener permanente
contacto con los centros docentes correspondientes, en los términos que determine la
legislación sectorial.
g) Participar en los consejos, organismos consultivos, comisiones, tribunales y
órganos análogos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando
la misma lo requiera o así́ se establezca en la normativa vigente, así́ como en los de las
organizaciones, nacionales o internacionales, cuando sea requerido para ello.
h) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por las Administraciones
públicas y colaborar con ellas mediante la realización de estudios, la emisión de informes
y dictámenes, la elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus
fines que pueden serles solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.
i) Organizar un servicio de atención de quejas o reclamaciones presentadas por sus
colegiados.
j) Organizar actividades y servicios de interés para los colegiados de índole profesional,
formativa, cultural, médico-profesional, y otros análogos, o la colaboración, en su caso,
con instituciones de este carácter, así́ como para la cobertura de responsabilidades
civiles contraídas por los profesionales en el desempeño de su actividad.
k) Desarrollar cuantas otras funciones y servicios redunden en beneficio de los
intereses profesionales de los colegiados.

Artículo 23. Servicio de atención a consumidores y usuarios.
1. El ICP de Cádiz velará por la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios.
2. A estos efectos, dispondrá de un servicio de atención a aquellos, que
necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00271604

Artículo 22. Del arbitraje y mediación institucionales.
El ICP de Cádiz impulsará y desarrollará la mediación, así́ como desempeñará
funciones de mediación y arbitraje, en los asuntos que le sean sometidos, de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente.