Disposiciones generales. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. (2022/203-2)
Decreto-ley 9/2022, de 18 de octubre, por el que se modifican la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento.
14 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 203 - Viernes, 21 de octubre de 2022
página 16551/1
1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
Decreto-ley 9/2022, de 18 de octubre, por el que se modifican la Ley 9/2021,
de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la
Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la
Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y la Ley 3/2018, de 8
de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento.
Las circunstancias excepcionales en la situación internacional, a principios de 2022,
suponen un claro contratiempo en el proceso de recuperación económica que se había
observado el pasado año 2021, cuando Andalucía había empezado a reestablecer los
niveles prepandemia, especialmente en indicadores relevantes como el empleo y el tejido
empresarial, las exportaciones internacionales o la captación de inversión extranjera.
Esta trayectoria de recuperación se ha visto abruptamente interrumpida como
consecuencia del conflicto bélico en Ucrania, que surge cuando estábamos saliendo
de la mayor crisis económica vivida en tiempos de paz, la derivada de la COVID-19,
provocando un reajuste en las expectativas económicas y geopolíticas a nivel mundial.
En este contexto, una de las consecuencias más inmediatas ha sido la agudización de
los problemas de suministro en las cadenas globales de producción, que ya se habían
manifestado en la segunda mitad del año 2021, lo que ha derivado en un agravamiento de
la subida de los precios energéticos, llevando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo
de los salarios a registros que no se conocían en los últimos cuarenta años, lo que se
ha traducido en un repunte muy acusado de los tipos de interés de referencia en los
mercados financieros.
Estas subidas de los tipos se trasladarán progresivamente al coste medio de la
deuda de las empresas, en especial en aquellas con un mayor nivel de endeudamiento.
Previsiblemente este efecto será mayor en las empresas grandes que en las pymes, en
línea con su mayor grado de endeudamiento.
Esta orientación restrictiva de la política monetaria no es fácil que revierta a corto
plazo, dada la elevada dependencia de la Eurozona de las importaciones de combustibles
fósiles desde Rusia. Pero más allá del efecto directo del encarecimiento del gas sobre
la inflación, las presiones inflacionistas se alimentan también a través de los mayores
costes de producción de las empresas, puesto que el gas natural es la principal fuente
de energía de los sectores industrial y de servicios, y por su impacto en la formación
del precio de la electricidad en los mercados europeos. Además, la moderación de la
actividad económica en los países más golpeados (como Alemania) se transmitirá, vía
flujos comerciales, al resto de economías en forma de una menor demanda exterior.
En este contexto, no se puede descartar el riesgo de que los márgenes empresariales
y los salarios no se contengan lo suficiente para evitar una retroalimentación que acabe
generando una espiral inflacionista. En definitiva, son muchas las amenazas que elevan la
dosis de incertidumbre y que deterioran los indicadores de confianza de los consumidores
y de los empresarios, también en el espacio regional.
Por tanto, este escenario resulta muy distinto al que se vislumbraba a finales
de 2021 cuando se aprobó la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la
Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la
Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y obliga a los
responsables públicos y, entre estos al Gobierno de Andalucía, a responder con urgencia
con actuaciones ambiciosas de políticas que incrementen las tasas de crecimiento de la
productividad y del PIB potencial.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00269820
I
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 203 - Viernes, 21 de octubre de 2022
página 16551/1
1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
Decreto-ley 9/2022, de 18 de octubre, por el que se modifican la Ley 9/2021,
de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la
Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la
Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y la Ley 3/2018, de 8
de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento.
Las circunstancias excepcionales en la situación internacional, a principios de 2022,
suponen un claro contratiempo en el proceso de recuperación económica que se había
observado el pasado año 2021, cuando Andalucía había empezado a reestablecer los
niveles prepandemia, especialmente en indicadores relevantes como el empleo y el tejido
empresarial, las exportaciones internacionales o la captación de inversión extranjera.
Esta trayectoria de recuperación se ha visto abruptamente interrumpida como
consecuencia del conflicto bélico en Ucrania, que surge cuando estábamos saliendo
de la mayor crisis económica vivida en tiempos de paz, la derivada de la COVID-19,
provocando un reajuste en las expectativas económicas y geopolíticas a nivel mundial.
En este contexto, una de las consecuencias más inmediatas ha sido la agudización de
los problemas de suministro en las cadenas globales de producción, que ya se habían
manifestado en la segunda mitad del año 2021, lo que ha derivado en un agravamiento de
la subida de los precios energéticos, llevando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo
de los salarios a registros que no se conocían en los últimos cuarenta años, lo que se
ha traducido en un repunte muy acusado de los tipos de interés de referencia en los
mercados financieros.
Estas subidas de los tipos se trasladarán progresivamente al coste medio de la
deuda de las empresas, en especial en aquellas con un mayor nivel de endeudamiento.
Previsiblemente este efecto será mayor en las empresas grandes que en las pymes, en
línea con su mayor grado de endeudamiento.
Esta orientación restrictiva de la política monetaria no es fácil que revierta a corto
plazo, dada la elevada dependencia de la Eurozona de las importaciones de combustibles
fósiles desde Rusia. Pero más allá del efecto directo del encarecimiento del gas sobre
la inflación, las presiones inflacionistas se alimentan también a través de los mayores
costes de producción de las empresas, puesto que el gas natural es la principal fuente
de energía de los sectores industrial y de servicios, y por su impacto en la formación
del precio de la electricidad en los mercados europeos. Además, la moderación de la
actividad económica en los países más golpeados (como Alemania) se transmitirá, vía
flujos comerciales, al resto de economías en forma de una menor demanda exterior.
En este contexto, no se puede descartar el riesgo de que los márgenes empresariales
y los salarios no se contengan lo suficiente para evitar una retroalimentación que acabe
generando una espiral inflacionista. En definitiva, son muchas las amenazas que elevan la
dosis de incertidumbre y que deterioran los indicadores de confianza de los consumidores
y de los empresarios, también en el espacio regional.
Por tanto, este escenario resulta muy distinto al que se vislumbraba a finales
de 2021 cuando se aprobó la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la
Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la
Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y obliga a los
responsables públicos y, entre estos al Gobierno de Andalucía, a responder con urgencia
con actuaciones ambiciosas de políticas que incrementen las tasas de crecimiento de la
productividad y del PIB potencial.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00269820
I