Disposiciones generales. Presidencia. (2021/250-3)
Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Número 250 - Jueves, 30 de diciembre de 2021
página 20852/15
Consejerías y entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de
Andalucía que presten los respectivos servicios y actividades.
En cuanto a las normas de ámbito estatal, hay que destacar la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que ha tenido especial incidencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, afectando a la forma y al contenido de las relaciones de la
Administración con la ciudadanía y las empresas, y en cuya virtud, en materia tributaria se
ha modificado, mediante el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, adaptándolo a la utilización de
medios electrónicos en los diferentes supuestos de relación entre las Administraciones
tributarias y la ciudadanía, ya sea, entre otros aspectos, en la presentación de consultas
tributarias o en la emisión y notificación de comunicaciones, diligencias y actas durante la
tramitación de los procedimientos tributarios.
De otro lado, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, mediante la
modificación de la disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ha suprimido la regulación de «exacción parafiscal» y regulado el
concepto de «prestación patrimonial de carácter público no tributaria».
Con ello, frente a las tasas, contribuciones especiales e impuestos, todas ellas
«prestaciones patrimoniales de carácter público tributarias», se configuran aquellas otras
prestaciones que, además de ser establecidas por ley, exigidas coactivamente, y en
interés general, responden a la prestación de un servicio público gestionado de forma
directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, y no tienen, por
ende, naturaleza tributaria.
Asimismo, la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, mediante la modificación del
artículo 2.c) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, excluye
expresamente del ámbito de aplicación de la misma a las prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributarias.
En coherencia con lo anterior y por motivos de claridad y seguridad jurídica, se
excluye expresamente del ámbito de aplicación de la presente ley a las prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias.
Del mismo modo, han tenido especial incidencia en la normativa reguladora de las
tasas, entre otras normas estatales, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado.
En el contexto del Derecho de la Unión Europea, se procedió a la adaptación de
nuestra normativa a la Directiva 93/118/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, por
la que se modifica la Directiva 85/73/CEE, relativa a la financiación de las inspecciones
y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral. Dicha adaptación se
llevó a cabo mediante la aprobación de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa,
Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, que
creó la tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes
de aves de corral.
Posteriormente, la Directiva del Consejo de la Unión Europea 96/43/CE, que
modifica y codifica la Directiva 85/73/CEE, con el fin de establecer la financiación de las
inspecciones y controles veterinarios de animales vivos y ciertos productos de origen
animal, y modifica las Directivas 90/675/CEE y 91/496/CEE, obligó a establecer una nueva
regulación completa de la tasa. Dicha modificación fue efectuada por la Ley 8/1997, de 23
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00253121
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
página 20852/15
Consejerías y entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de
Andalucía que presten los respectivos servicios y actividades.
En cuanto a las normas de ámbito estatal, hay que destacar la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que ha tenido especial incidencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, afectando a la forma y al contenido de las relaciones de la
Administración con la ciudadanía y las empresas, y en cuya virtud, en materia tributaria se
ha modificado, mediante el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, adaptándolo a la utilización de
medios electrónicos en los diferentes supuestos de relación entre las Administraciones
tributarias y la ciudadanía, ya sea, entre otros aspectos, en la presentación de consultas
tributarias o en la emisión y notificación de comunicaciones, diligencias y actas durante la
tramitación de los procedimientos tributarios.
De otro lado, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, mediante la
modificación de la disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ha suprimido la regulación de «exacción parafiscal» y regulado el
concepto de «prestación patrimonial de carácter público no tributaria».
Con ello, frente a las tasas, contribuciones especiales e impuestos, todas ellas
«prestaciones patrimoniales de carácter público tributarias», se configuran aquellas otras
prestaciones que, además de ser establecidas por ley, exigidas coactivamente, y en
interés general, responden a la prestación de un servicio público gestionado de forma
directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, y no tienen, por
ende, naturaleza tributaria.
Asimismo, la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, mediante la modificación del
artículo 2.c) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, excluye
expresamente del ámbito de aplicación de la misma a las prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributarias.
En coherencia con lo anterior y por motivos de claridad y seguridad jurídica, se
excluye expresamente del ámbito de aplicación de la presente ley a las prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias.
Del mismo modo, han tenido especial incidencia en la normativa reguladora de las
tasas, entre otras normas estatales, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado.
En el contexto del Derecho de la Unión Europea, se procedió a la adaptación de
nuestra normativa a la Directiva 93/118/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, por
la que se modifica la Directiva 85/73/CEE, relativa a la financiación de las inspecciones
y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral. Dicha adaptación se
llevó a cabo mediante la aprobación de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa,
Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, que
creó la tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes
de aves de corral.
Posteriormente, la Directiva del Consejo de la Unión Europea 96/43/CE, que
modifica y codifica la Directiva 85/73/CEE, con el fin de establecer la financiación de las
inspecciones y controles veterinarios de animales vivos y ciertos productos de origen
animal, y modifica las Directivas 90/675/CEE y 91/496/CEE, obligó a establecer una nueva
regulación completa de la tasa. Dicha modificación fue efectuada por la Ley 8/1997, de 23
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00253121
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