Disposiciones generales. Presidencia. (2021/233-1)
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Viernes, 3 de diciembre de 2021
página 19403/8
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, que declaró nula
la mayor parte de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico
y Valoraciones del Suelo (y, consecuentemente, el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio), evidenció la necesidad urgente de elaborar una norma andaluza
propia en materia de urbanismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). Una norma que, como el resto de
normativas autonómicas en la materia, hundía sus raíces en nuestro modelo tradicional
de planeamiento y gestión, creado a mediados del siglo XIX, para resolver los problemas
de la ciudad industrial.
Transcurridos más de 18 años desde su aprobación, y tras quince modificaciones que
han ido ajustando la norma primitiva a los cambios sociales, tecnológicos, económicos y
de desarrollo sostenible acaecidos desde entonces, existe un consenso general sobre la
necesidad de elaborar una nueva normativa en materia de suelo, basada en un modelo
urbanístico que permita resolver de forma adecuada los problemas de la ciudad del siglo
XXI y que se adapte a la diversidad de los municipios que componen el territorio andaluz.
Fue el propio Gobierno andaluz el que, en la anterior legislatura, puso en marcha los
trabajos para la elaboración de un nuevo texto, que se llegó a tramitar como anteproyecto
de ley. Esta nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
retoma el texto en tramitación, manteniendo aquellas cuestiones que obtuvieron un amplio
consenso social, pero incorporando cambios sustanciales y, sobre todo, un enfoque
diferente, positivo y realista, sobre cómo debe ser nuestro modelo urbanístico. En este
sentido, no se trata de desregularizar el urbanismo, sino de flexibilizarlo, estableciendo
unas reglas adaptadas a la realidad actual, claras, sencillas, fáciles de entender y de
aplicar.
Parecido análisis cabe efectuar en relación con nuestra legislación territorial, la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (en adelante LOTA). El balance de más de un cuarto de siglo de ordenación
territorial en nuestra región tampoco resulta totalmente positivo. Los planes territoriales,
desde el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA) hasta los
planes de ámbito subregional, han resultado insuficientes para equilibrar nuestros
territorios o incentivar un desarrollo sostenible en beneficio de los ciudadanos y,
en particular, de los habitantes de las zonas rurales. La falta de conexión entre los
instrumentos de ordenación territorial y los urbanísticos, por no adaptar estos a las
normas y directrices territoriales, unido a la ausencia de instrumentos de ordenación
territorial en parte del territorio andaluz, que ha exigido la pervivencia de las antiguas
Normas Provinciales y los desfasados Planes Especiales de Protección del Medio Físico
aprobados en los años ochenta, da lugar a contradicciones normativas y a desequilibrios
territoriales que impiden generar oportunidades o comprometer inversiones.
La legislación en materia de ordenación territorial y urbanística se ha visto afectada,
además, por el desarrollo normativo en este y en otros campos que, con mayor o menor
incidencia, afectan a la actividad urbanística, destacando la legislación básica de suelo y
rehabilitación urbana y el nuevo marco sobre procedimiento administrativo, transparencia,
evaluación ambiental, cambio climático y vivienda. La adecuada incorporación de esas
regulaciones y la obligada coordinación con las políticas sectoriales hacen necesaria la
revisión del actual marco normativo en materia de ordenación del territorio y urbanismo
en nuestra Comunidad Autónoma, resultando imprescindible la reproducción de
determinados preceptos de la legislación del Estado a efectos de aportar mayor seguridad
jurídica.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00251661
I
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 233 - Viernes, 3 de diciembre de 2021
página 19403/8
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, que declaró nula
la mayor parte de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico
y Valoraciones del Suelo (y, consecuentemente, el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio), evidenció la necesidad urgente de elaborar una norma andaluza
propia en materia de urbanismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). Una norma que, como el resto de
normativas autonómicas en la materia, hundía sus raíces en nuestro modelo tradicional
de planeamiento y gestión, creado a mediados del siglo XIX, para resolver los problemas
de la ciudad industrial.
Transcurridos más de 18 años desde su aprobación, y tras quince modificaciones que
han ido ajustando la norma primitiva a los cambios sociales, tecnológicos, económicos y
de desarrollo sostenible acaecidos desde entonces, existe un consenso general sobre la
necesidad de elaborar una nueva normativa en materia de suelo, basada en un modelo
urbanístico que permita resolver de forma adecuada los problemas de la ciudad del siglo
XXI y que se adapte a la diversidad de los municipios que componen el territorio andaluz.
Fue el propio Gobierno andaluz el que, en la anterior legislatura, puso en marcha los
trabajos para la elaboración de un nuevo texto, que se llegó a tramitar como anteproyecto
de ley. Esta nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
retoma el texto en tramitación, manteniendo aquellas cuestiones que obtuvieron un amplio
consenso social, pero incorporando cambios sustanciales y, sobre todo, un enfoque
diferente, positivo y realista, sobre cómo debe ser nuestro modelo urbanístico. En este
sentido, no se trata de desregularizar el urbanismo, sino de flexibilizarlo, estableciendo
unas reglas adaptadas a la realidad actual, claras, sencillas, fáciles de entender y de
aplicar.
Parecido análisis cabe efectuar en relación con nuestra legislación territorial, la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (en adelante LOTA). El balance de más de un cuarto de siglo de ordenación
territorial en nuestra región tampoco resulta totalmente positivo. Los planes territoriales,
desde el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA) hasta los
planes de ámbito subregional, han resultado insuficientes para equilibrar nuestros
territorios o incentivar un desarrollo sostenible en beneficio de los ciudadanos y,
en particular, de los habitantes de las zonas rurales. La falta de conexión entre los
instrumentos de ordenación territorial y los urbanísticos, por no adaptar estos a las
normas y directrices territoriales, unido a la ausencia de instrumentos de ordenación
territorial en parte del territorio andaluz, que ha exigido la pervivencia de las antiguas
Normas Provinciales y los desfasados Planes Especiales de Protección del Medio Físico
aprobados en los años ochenta, da lugar a contradicciones normativas y a desequilibrios
territoriales que impiden generar oportunidades o comprometer inversiones.
La legislación en materia de ordenación territorial y urbanística se ha visto afectada,
además, por el desarrollo normativo en este y en otros campos que, con mayor o menor
incidencia, afectan a la actividad urbanística, destacando la legislación básica de suelo y
rehabilitación urbana y el nuevo marco sobre procedimiento administrativo, transparencia,
evaluación ambiental, cambio climático y vivienda. La adecuada incorporación de esas
regulaciones y la obligada coordinación con las políticas sectoriales hacen necesaria la
revisión del actual marco normativo en materia de ordenación del territorio y urbanismo
en nuestra Comunidad Autónoma, resultando imprescindible la reproducción de
determinados preceptos de la legislación del Estado a efectos de aportar mayor seguridad
jurídica.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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