B.O.C.M. Núm. 139

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SÁBADO 12 DE JUNIO DE 2021

del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de la defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y en los números 11.a y 13.a del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, el artículo 31 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, atribuye a los poderes
públicos de la Comunidad de Madrid el fomento, en el ámbito de sus competencias, del desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, así como la promoción de la adhesión al sistema
arbitral por parte de las asociaciones de consumidores y organizaciones empresariales.
Por su parte, el artículo 62.2.i), encomienda a los órganos autonómicos competentes
en materia de protección al consumidor el fomento y desarrollo, en colaboración con la
Administración del Estado, del Sistema Arbitral de Consumo.
4. La Comunidad de Madrid ejerce sus competencias en materia de protección al
consumidor, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en virtud de las atribuciones que en materia de consumo le confiere el artículo 8.2 del Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. En concreto, el apartado f)
del citado artículo 8.2 le atribuye el fomento del sistema arbitral de consumo y el asesoramiento sobre su utilización.
Por su parte, el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, creado con la naturaleza
jurídica de órgano de gestión sin personalidad jurídica, por Decreto 246/2001, de 18 de octubre, adscrito a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, tiene atribuida la
función, entre otras, de favorecer la colaboración de las organizaciones de consumidores y
empresarios implantadas en la Comunidad de Madrid en el fomento y promoción del sistema arbitral y garantizar la participación de dichas organizaciones en los colegios arbitrales
de consumo, a través de los convenios, acuerdos u otros instrumentos que puedan utilizarse al efecto.
Además, tiene planteado como objetivo esencial el desarrollo de los sistemas de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, mejorando la eficacia de los sistemas
existentes y coadyuvando en la descongestión del sistema judicial en la materia.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 48/2019 de 10 de junio,
por el que se regula la Actividad Convencional de la Comunidad de Madrid, la Asociación
de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU) según sus estatutos, tiene entre sus fines últimos la defensa y representación
de los derechos e intereses de los consumidores.
6. En el ejercicio de los intereses que en materia de defensa de los derechos de los
consumidores y usuarios y de los profesionales, así como de impulso de los sistemas de
resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo son comunes a ambas partes,
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través del Instituto Regional de
Arbitraje de Consumo y la citada entidad han decidido colaborar, aunando sus esfuerzos y
sus recursos, con la finalidad de garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema Arbitral
de Consumo en la Comunidad de Madrid.
Mediante la suscripción del presente convenio se pretende asegurar no solo la efectiva prestación de los servicios de arbitraje por parte de la Asociación de Amas de Casa y
Consumidores-Usuarios de la Comunidad de Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU), sino
también garantizar el funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo bajo criterios de
eficacia y eficiencia, para favorecer la resolución extrajudicial de conflictos que afecten a
los consumidores y a las empresas, mejorando los plazos de resolución y liberando a los
juzgados y tribunales de justicia de un número importante de procesos.
Para ello se han establecido una serie de compromisos adicionales para ambas partes
de forma que se obtenga un instrumento de colaboración y gestión conjunta, de tal forma
que se garantice tanto la gestión ordinaria de los colegios arbitrales, como el propio Sistema Arbitral de Consumo en la Comunidad de Madrid en su conjunto.
7. Ambas partes están de acuerdo en la necesidad y oportunidad de colaborar en la
adopción de medidas que garanticen la efectividad en la defensa de los derechos de consumidores y usuarios y en virtud de ello acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes:

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