NÚMERO 80
Jueves 25 de abril de 2024

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Esta medida se adopta en el contexto de las circunstancias socioeconómicas heredadas de la
época postpandemia por la enfermedad Covid-19 y del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
La crisis sanitaria originada por la enfermedad pandémica Covid-19 supuso una alteración
significativa en el ámbito de las relaciones económicas en una sociedad que, a través de diferentes normas e instrumentos, ha pretendido, en los últimos años, preservar su derecho a
la protección de la salud.
Paralelamente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha repercutido considerablemente en
la evolución económica que pretendía alcanzar un grado de recuperación que garantizase los
niveles de suministro de bienes y de prestación de servicios de la época prepandémica.
La crisis provocada por la guerra entre los citados países ha incidido especialmente en el
sector de la energía, dada la condición de Rusia como principal exportador de gas a Europa y
uno de los principales productores de petróleo, agravando una alteración ya manifestada previamente por continuas oscilaciones e incrementos en la subida del precio de algunas fuentes
energéticas, como el gas natural y el petróleo, en el contexto de un mercado caracterizado
por la incertidumbre de su desarrollo, dado el desajuste entre oferta y demanda, y el impacto
que provocan los síntomas del cambio climático a nivel global.
De este modo, asistimos a un escenario caracterizado por una agudización del incremento
generalizado de costes de las materias primas y de los bienes intermedios, que se suma a la
situación de desequilibrio entre oferta y demanda en las cadenas de producción, a causa de
la rápida recuperación económica tras la eliminación de las medidas restrictivas motivadas
por la pandemia, generando todo ello una evolución económica caracterizada por una elevada
tasa de inflación y una ralentización del crecimiento productivo.
Dado este contexto, la intervención pública ha de encaminarse a procurar aliviar el coste que
los individuos han de afrontar para atender los bienes y servicios que forman parte de su vida
cotidiana, especialmente en momentos de incierta evolución como los padecidos actualmente.
Por Decreto 83/2017, de 13 de junio, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general
de viajeros por carretera.
Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 1/2024, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2024, prevé la
subvención del 100 % del precio del billete en los servicios de transporte público regular de
uso general de viajeros por carretera.