Consejería De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Sostenible. Política Agraria Comunitaria. (2024060864)
Resolución de 29 de febrero de 2024, de la Secretaría General, por la que se establece la clasificación de criterios/requisitos de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones contraídas por los beneficiarios, así como la tipificación de penalizaciones, como retiradas de ayudas, reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de los mismos, en las intervenciones establecidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 en relación con compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión (artículo 70 del Reglamento (UE) 2021/2115) en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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NÚMERO 49

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Lunes 11 de marzo de 2024

Tercero. Eficacia.
La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
No obstante, para aquellas ayudas del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el periodo de programación 2014-2020 que aún sigan en periodo
de compromiso, seguirá vigente la Resolución de 12 de noviembre de 2019. de la Consejera
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (DOE núm. 226, de 22 de noviembre
de 2019), por la que se establece la clasificación de criterios/requisitos de admisibilidad, así
como de otros compromisos y otras obligaciones contraídas por los beneficiarios y la tipificación de reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de los mismos, de las ayudas
de Agroambiente y clima y Agricultura ecológica, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el periodo de programación 2014-2020.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante la Secretaría General o ante el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 29 de febrero de 2024.
La Secretaria General,
MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MONTERO
GÓMEZ