NÚMERO 224
Miércoles 22 de noviembre de 2023

59401

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2023, de la Secretaría General, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 148/2022, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida, en el procedimiento
abreviado n.º 100/2019. (2023063879)
Contra la desestimación presunta por silencio negativo, y posteriormente, contra Resolución
expresa de 22 de septiembre de 2020 de la extinta Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad, en la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Antonio Martínez González, por entender que no existía responsabilidad de
la Junta de Extremadura, ni obligación de abonar cantidad alguna en concepto de daños y
perjuicios, a falta de la necesaria relación de causalidad entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público; el interesado presentó recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida, con n.º 100/2019.
Mediante la sentencia n.º 148/2022, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de
Mérida, de fecha de 28 de noviembre de 2022, se estima el recurso contencioso-administrativo n.º 100/2019, contra la resolución expresa finalmente recurrida de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura de fecha de 22 de septiembre de 2020, la cual se anula, condenándose a la Junta de Extremadura al pago de una indemnización por importe de 260,71 euros, más los intereses correspondientes desde la fecha
de la reclamación administrativa previa.
Contra la mencionada sentencia, que tiene el carácter de firme, no cabe interponer recurso
alguno, por lo que procede su ejecución.
El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de
su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura “corresponde la ejecución
material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente
proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la
materia sobre la que el litigio haya versado”.
Asimismo, el artículo 8 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación
administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales (DOE núm. 58, de 30 de julio),
establece que la ejecución de resoluciones recaídas en recursos contenciosos administrativos
en los que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponderá al órgano que dictó el acto o disposición origen del proceso.
Por su parte, el artículo 9.1 del citado decreto establece que el titular del órgano competente
realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial,
dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.