NÚMERO 128
Miércoles 5 de julio de 2023

41492

En Extremadura, las entidades del Tercer Sector de Acción Social que reúnen estos requisitos
para poder llevar a cabo el proyecto de implementación de la metodología del Plan Vital de
Inclusión Social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son las
Cáritas Diocesanas de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, por disponer de experiencia
en intervención social con las personas y colectivos a los que se dirige el citado plan vital,
con una estructura de gestión, financiera, territorial y recursos humanos sólida para poder
llevar a cabo las citadas acciones en el periodo de ejecución del Plan Vital de Inclusión Social.
Además, son las únicas entidades del Tercer Sector interesadas en el desarrollo de dichas
acciones y, por tanto, que han solicitado subvención.
Por tanto, el interés público y económico, así como el carácter eminentemente social de las
citadas acciones en materia de políticas de inclusión, financiadas mediante subvenciones
otorgadas y gestionadas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, procedentes del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, justifican la adjudicación directa de estas
subvenciones, mediante su concesión a través de convenios. Asimismo, no cabe aplicar los
mecanismos de la concurrencia en el otorgamiento porque se trata de subvenciones que
tratan de financiar actuaciones concretas que sean desarrolladas por entidades del Tercer
Sector de Acción Social, con implantación y presencia territorial en Extremadura, experiencia
en itinerarios de inclusión social y capacidad de coordinación y trabajo en común, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
Por ello, concurren en el caso de este convenio evidentes razones de interés público, económico
y social que justifican la concesión directa de esta subvención. En primer lugar, con las citadas
acciones contenidas en el presente convenio se consigue una mejora efectiva del acceso al
ingreso mínimo vital o renta extremeña garantizada de las personas en riesgo de exclusión
social que no lo están percibiendo y el incremento de la efectividad del ingreso mínimo vital
a través de la política de inclusión, puesto que más más allá de la prestación monetaria, la
atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que
permitan su plena inclusión social y laboral. Por este motivo, el ingreso mínimo vital y la renta
extremeña garantizada se configuran como un conjunto de políticas articuladas en torno a
esta prestación.
En segundo lugar, desde un punto de vista económico y social, cabe destacar que la subvención
irá destinada a mitigar los daños sociales y a apoyar un crecimiento inclusivo de nuestro país a
través de la política de inclusión que definirá los itinerarios más adecuados para los beneficiarios
del ingreso mínimo vital. La dimensión de inclusión abarca el empleo, la recuperación de la
autoestima, la salud física y mental, la conexión social, las habilidades educativas, etc. En