Consejería De Hacienda Y Administración Pública. Convenios. (2023062306)
Resolución de 8 de junio de 2023, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la cesión de uso de la aplicación informática para la valoración de la discapacidad.
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NÚMERO 114
37458
Jueves 15 de junio de 2023
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante Imserso) atribuye
a este la propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad
para la determinación de los baremos, a los efectos del reconocimiento del grado de discapacidad. Igualmente, la elaboración, actualización técnica y ordenación jurídica de los baremos
para la calificación de la discapacidad y de la dependencia, así como el mantenimiento, seguimiento y evaluación de la base de datos estatal con los resultados de la valoración.
II
Que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece un sistema especial de prestaciones económicas para las personas con discapacidad.
A su vez, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, regula la protección familiar por hijo a cargo y
la pensión no contributiva de invalidez para las personas que acrediten un determinado grado
de discapacidad.
III
Que la Comunidad Autónoma de Extremadura es competente en materia de servicios sociales
y, en virtud de ello, ha desarrollado prestaciones, beneficios y servicios para las personas con
discapacidad, con el fin de eliminar desigualdades, mejorar su calidad de vida y remover obstáculos que impidan su plena participación en la sociedad. Además, es competente en materia
de gestión de pensiones no contributivas de la Seguridad Social y de prestaciones económicas
para las personas con discapacidad.
IV
Que la regulación de la determinación del grado de discapacidad está contenida en el Real
Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con la finalidad de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio
del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de la ciudadanía a
los derechos previstos en la legislación.
Corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas o, en el caso de las
ciudades de Ceuta y Melilla, al Imserso, el reconocimiento y revisión de grado de discapacidad.
37458
Jueves 15 de junio de 2023
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante Imserso) atribuye
a este la propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad
para la determinación de los baremos, a los efectos del reconocimiento del grado de discapacidad. Igualmente, la elaboración, actualización técnica y ordenación jurídica de los baremos
para la calificación de la discapacidad y de la dependencia, así como el mantenimiento, seguimiento y evaluación de la base de datos estatal con los resultados de la valoración.
II
Que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece un sistema especial de prestaciones económicas para las personas con discapacidad.
A su vez, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, regula la protección familiar por hijo a cargo y
la pensión no contributiva de invalidez para las personas que acrediten un determinado grado
de discapacidad.
III
Que la Comunidad Autónoma de Extremadura es competente en materia de servicios sociales
y, en virtud de ello, ha desarrollado prestaciones, beneficios y servicios para las personas con
discapacidad, con el fin de eliminar desigualdades, mejorar su calidad de vida y remover obstáculos que impidan su plena participación en la sociedad. Además, es competente en materia
de gestión de pensiones no contributivas de la Seguridad Social y de prestaciones económicas
para las personas con discapacidad.
IV
Que la regulación de la determinación del grado de discapacidad está contenida en el Real
Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con la finalidad de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio
del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de la ciudadanía a
los derechos previstos en la legislación.
Corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas o, en el caso de las
ciudades de Ceuta y Melilla, al Imserso, el reconocimiento y revisión de grado de discapacidad.
