NÚMERO 82
Martes 2 de mayo de 2023

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Vivimos en una sociedad cada vez más digital en el que cada vez son más los ciudadanos
que utilizan la banca online, así como aplicaciones que permiten realizar todas las gestiones
bancarias necesarias de una forma inmediata y sin necesidad de realizar ningún desplazamiento. A las entidades financieras, por su parte, les resulta más rentable esta nueva forma
de relación con sus clientes, puesto que pueden disminuir sus gastos al no tener que disponer
de tantos activos físicos. Sin embargo, esta situación que parece tan beneficiosa para ambas
partes, tiene como consecuencia que un determinado sector de la población, principalmente
el de mayor edad, no tiene capacidad para acceder a los servicios bancarios al carecer de
habilidades digitales y cada vez les resulta más complicado tener cerca una oficina bancaria
que cubra sus necesidades.
Esta situación ya ha sido evidenciada en diferentes documentos e informes de valoración
y desde distintos ámbitos. La “Visión a Largo Plazo para las Áreas Rurales”, iniciativa de la
Comisión Europea para desarrollar una visión europea común para unas áreas rurales dinámicas, conectadas y sostenibles en el horizonte de 2040, recoge como una de las necesidades
más urgentes de las zonas rurales europeas el acceso bancos y oficinas de correos.
También la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, firmada por los gobiernos de la
República de Portugal y del Reino de España, cuenta entre sus objetivos estratégicos con “Garantizar la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía en el
marco del desarrollo de la Estrategia”, lo que da cumplimiento del ODS 1: Fin de la pobreza,
en concreto de la meta 1.4 “Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros”.
Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el documento
elaborado en 2017 “Listado de medidas para luchar contra la despoblación en España”, recoge
entre las medidas de Economía y empleo, “incorporar en la regulación del sistema financiero
la obligación de las entidades de garantizar el acceso al sector bancario en el medio rural, en
el marco de la garantía de derechos de la ciudadanía ante las instituciones financieras.
Todos estos aspectos son considerados en la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo
y el Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a
las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas,
reconoce el acceso a los servicios bancarios básicos como un derecho de la ciudadanía y no
como una mera actividad comercial de las entidades financieras.
Pese a ello, dado que la tendencia en un corto plazo es que el número de oficinas y de cajeros
automáticos continúe reduciéndose, es necesario buscar alternativas y soluciones ante esta
problemática, de manera que queden cubiertas las necesidades de la ciudadanía, con especial
atención a los colectivos más vulnerables que, en este caso, es la población envejecida que
reside en las zonas rurales.