NÚMERO 233
Lunes 5 de diciembre de 2022

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Por ello, las ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, requieren el establecimiento de bases reguladoras que incluyan una mención explícita a la
obligatoriedad de respetar el principio DNSH; así como el resto de los principios de obligado cumplimiento vinculados a la ejecución de este Plan. Según el artículo 2 de la Orden
HFP/1030/2021, uno de esos principios es el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. A tal efecto, con fecha
de 24 de marzo de 2022 se publica en DOE el Decreto 20/2022, de 9 de marzo, por el que se
aprueba el Plan de medidas contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se regula la estructura organizativa para su puesta
en funcionamiento (http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plan-antifraude).
En cumplimiento con el principio de no causar un daño significativo al medioambiente (DNSH),
las ayudas reguladas con el presente decreto están recogidas en el Anexo VI del Reglamento
UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con campo de intervención 050 Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras
verdes y azules, con contribución al 100% al objetivo medioambiental y al 40% al objetivo
climático, cumpliéndose así el compromiso de etiquetado verde.
Aquellas subvenciones otorgadas a beneficiarias que realicen alguna actividad económica,
por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, estarán sometidas a los requisitos
y límites establecidos en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24 de diciembre de 2013).
Las presentes bases reguladoras se aprueban conforme lo previsto en el artículo 24 del Decreto Ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para la redacción de las presentes bases reguladoras se han tendido en cuenta los principios
de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Junta de Extremadura, a través de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas las competencias para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, debiendo adoptar las
medidas necesarias para garantizar la conservación, protección y recuperación de las especies
de fauna y flora que viven en el estado silvestre en su territorio. Por su parte, la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, tiene asumidas las competencias en materia
de conservación de la naturaleza que le atribuye el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de