Consejería De Igualdad Y Portavocía. Acción Social. Subvenciones. (2021062558)
Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención directa, sin convocatoria previa, a la Fundación Mujeres para la realización del proyecto "Colaboración con Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto en Extremadura" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.
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NÚMERO 174
Jueves, 9 de septiembre de 2021
44248
El V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura, el cual desarrolla las estrategias y las políticas de Igualdad en Extremadura en el periodo 2017-2021,
refleja tanto en la estrategia integral contra la violencia de género como en el resto de los ejes
contemplados, líneas, medidas y actuaciones que promuevan y aseguren la eliminación de
todas las formas de discriminación, especialmente en aquellos colectivos en los que confluyan
diversos factores de discriminación. A tal efecto, se recoge en su eje 5, Igualdad Y Transformacion Social, que tiene entre sus medidas: “5.1. Sensibilización y Educación en Valores”,
con la finalidad de realizar entre otros, campañas de sensibilización, educación en valores y
educación para el desarrollo de una mayor toma de conciencia sobre las desigualdades, para
la igualdad y contra la violencia de género por todo tipo de familias, por jóvenes y por la sociedad extremeña en general y “5.5. Formación Continua en Igualdad y Violencia de Género”
con la finalidad de formar continuamente en igualdad y violencia de género a profesionales.
En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011,
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio abarca todas
las formas de violencia contra las mujeres, que constituyen una violación de los derechos
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Pero para abordar el irracional fenómeno de la violencia de género, que se acomete contra
las mujeres por el hecho de ser mujeres y es sufrida, generalmente, tanto por las propias
mujeres como por sus hijos, es necesario adoptar diversas medidas y políticas de ayuda a las
víctimas desde distintos niveles de actuación.
Así, el 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción
de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española
de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La Proposición no de Ley establecía
la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que
tenía como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas
que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y
en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales
reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las
recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del
28 de septiembre de 2017, aprobó el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en
materia de violencia de género.
Jueves, 9 de septiembre de 2021
44248
El V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura, el cual desarrolla las estrategias y las políticas de Igualdad en Extremadura en el periodo 2017-2021,
refleja tanto en la estrategia integral contra la violencia de género como en el resto de los ejes
contemplados, líneas, medidas y actuaciones que promuevan y aseguren la eliminación de
todas las formas de discriminación, especialmente en aquellos colectivos en los que confluyan
diversos factores de discriminación. A tal efecto, se recoge en su eje 5, Igualdad Y Transformacion Social, que tiene entre sus medidas: “5.1. Sensibilización y Educación en Valores”,
con la finalidad de realizar entre otros, campañas de sensibilización, educación en valores y
educación para el desarrollo de una mayor toma de conciencia sobre las desigualdades, para
la igualdad y contra la violencia de género por todo tipo de familias, por jóvenes y por la sociedad extremeña en general y “5.5. Formación Continua en Igualdad y Violencia de Género”
con la finalidad de formar continuamente en igualdad y violencia de género a profesionales.
En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011,
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio abarca todas
las formas de violencia contra las mujeres, que constituyen una violación de los derechos
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Pero para abordar el irracional fenómeno de la violencia de género, que se acomete contra
las mujeres por el hecho de ser mujeres y es sufrida, generalmente, tanto por las propias
mujeres como por sus hijos, es necesario adoptar diversas medidas y políticas de ayuda a las
víctimas desde distintos niveles de actuación.
Así, el 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción
de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española
de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La Proposición no de Ley establecía
la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que
tenía como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas
que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y
en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales
reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las
recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del
28 de septiembre de 2017, aprobó el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en
materia de violencia de género.