NÚMERO 106
Viernes, 4 de junio de 2021

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Así, el 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción
de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española
de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La Proposición no de Ley establecía
la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que
tenía como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas
que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y
en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales
reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las
recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del
28 de septiembre de 2017, aprobó el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en
materia de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para
alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias
contra la violencia de género.
Ambos informes contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores
bajo su guarda, tutela o acogimiento.
El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que la Consejería de Igualdad y Portavocía ejercerá
las competencias en materia de mujer, atribuyendo a la misma la planificación y desarrollo
de las políticas de igualdad, promoviendo medidas sustentadas en la transversalidad de las
políticas públicas, dirigidas a prevenir y combatir la discriminación entre mujeres y hombres,
así como el desarrollo de medidas y acciones dirigidas a erradicar la violencia de género.
La ya citada Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura determina que corresponde a la Consejería competente
en materia de igualdad la superior planificación, el asesoramiento al resto de las Consejerías
y a sus entidades y organismos públicos dependientes, y la coordinación del conjunto de las
políticas públicas de igualdad de la Comunidad Autónoma Extremeña.