Cortes Generales. I. Disposiciones generales. Congreso. Reglamento. (BOE-A-2025-15844)
Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183
Jueves 31 de julio de 2025
Sec. I. Pág. 103216
Artículo único. Modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de
febrero de 1982.
El Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982, queda
modificado como sigue:
Uno.
El título del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
«Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982»
cve: BOE-A-2025-15844
Verificable en https://www.boe.es
seguimiento de su implantación en las actividades formativas y de capacitación (sesgos,
estereotipos de género, lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista)».
Esta misma senda la están recorriendo otros órganos constitucionales como el
Consejo General del Poder Judicial que, a través de su Comisión de Igualdad, ha emitido
unas Normas mínimas para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje
administrativo del CGPJ, lo que constituye también una Guía de Lenguaje inclusivo que
regula las comunicaciones en dicha institución.
También organismos europeos e internacionales vienen dirigiendo sus recomendaciones
en esa misma dirección.
Uno de los primeros en fijar unas directrices claras en materia de lenguaje inclusivo ha
sido el propio Consejo de Europa que, en su Recomendación CM/REC 2019 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa para prevenir y combatir el sexismo, adoptada el 27 de
marzo de 2019, aborda en el apartado II.A el lenguaje y la comunicación como componentes
esenciales de la igualdad de género y afirma que «[I]la comunicación no estereotipada es una
buena forma de educar, sensibilizar y prevenir comportamientos sexistas». En dicho
apartado, se invita a los Estados miembros a tomar en consideración las siguientes medidas:
«II.A.1. Reforzar y aplicar las recomendaciones existentes del Comité de Ministros del
Consejo de Europa a los Estados miembros, incluidas la Recomendación n.º R (90) 4 sobre
la eliminación del sexismo en el lenguaje, y la Recomendación CM/Rec (2007)17 sobre las
normas y los mecanismos de igualdad entre hombres y mujeres, que subraya que las
acciones de los Estados miembros deben tener como objetivo el fomento de un lenguaje no
sexista en todos los sectores, en particular, en el sector público».
Anteriormente ya se había pronunciado al respecto el Parlamento Europeo, en su Informe
sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo, aprobado por la decisión del Grupo
de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad, de 13 de febrero de 2008. En dicho
informe, el legislativo comunitario ya indicaba que «la finalidad del lenguaje no sexista o
lenguaje neutral en cuanto al género es evitar opciones léxicas que puedan interpretarse
como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos es superior
al otro, ya que en la mayoría de los contextos el sexo de las personas es, o debe ser,
irrelevante. La utilización de un lenguaje no sexista es algo más que un asunto de corrección
política. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las
percepciones. El Parlamento como institución respalda plenamente el principio de igualdad de
género, y el lenguaje que utiliza debe reflejar este hecho».
El lenguaje sexista es una fuente para perpetuar estereotipos y desigualdades de
género, por lo que utilizar fórmulas inclusivas en el Reglamento del Congreso refuerza
los principios constitucionales ya mencionados del artículo 14 de la Constitución. Así, se
busca eliminar expresiones o estructuras lingüísticas que excluyan o invisibilicen a
ciertos grupos, como son, en este caso, las mujeres.
Las mujeres representan más de la mitad de la población y el uso del masculino
genérico en cualquier tipo de texto, incluidos los de tipo legal, las coloca en una posición
de insignificancia. Por suerte, la lengua española es tan rica que nos permite emplear
múltiples formas para transmitir mensajes similares sin recurrir a la exclusión y con el
mismo grado de rigor.
La transformación del lenguaje incide directamente en el avance hacia una sociedad
más justa e igualitaria. En ese camino, nuestros órganos constitucionales deben ser
grandes ejemplos a seguir.
Núm. 183
Jueves 31 de julio de 2025
Sec. I. Pág. 103216
Artículo único. Modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de
febrero de 1982.
El Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982, queda
modificado como sigue:
Uno.
El título del Reglamento queda redactado del siguiente modo:
«Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982»
cve: BOE-A-2025-15844
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seguimiento de su implantación en las actividades formativas y de capacitación (sesgos,
estereotipos de género, lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista)».
Esta misma senda la están recorriendo otros órganos constitucionales como el
Consejo General del Poder Judicial que, a través de su Comisión de Igualdad, ha emitido
unas Normas mínimas para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje
administrativo del CGPJ, lo que constituye también una Guía de Lenguaje inclusivo que
regula las comunicaciones en dicha institución.
También organismos europeos e internacionales vienen dirigiendo sus recomendaciones
en esa misma dirección.
Uno de los primeros en fijar unas directrices claras en materia de lenguaje inclusivo ha
sido el propio Consejo de Europa que, en su Recomendación CM/REC 2019 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa para prevenir y combatir el sexismo, adoptada el 27 de
marzo de 2019, aborda en el apartado II.A el lenguaje y la comunicación como componentes
esenciales de la igualdad de género y afirma que «[I]la comunicación no estereotipada es una
buena forma de educar, sensibilizar y prevenir comportamientos sexistas». En dicho
apartado, se invita a los Estados miembros a tomar en consideración las siguientes medidas:
«II.A.1. Reforzar y aplicar las recomendaciones existentes del Comité de Ministros del
Consejo de Europa a los Estados miembros, incluidas la Recomendación n.º R (90) 4 sobre
la eliminación del sexismo en el lenguaje, y la Recomendación CM/Rec (2007)17 sobre las
normas y los mecanismos de igualdad entre hombres y mujeres, que subraya que las
acciones de los Estados miembros deben tener como objetivo el fomento de un lenguaje no
sexista en todos los sectores, en particular, en el sector público».
Anteriormente ya se había pronunciado al respecto el Parlamento Europeo, en su Informe
sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo, aprobado por la decisión del Grupo
de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad, de 13 de febrero de 2008. En dicho
informe, el legislativo comunitario ya indicaba que «la finalidad del lenguaje no sexista o
lenguaje neutral en cuanto al género es evitar opciones léxicas que puedan interpretarse
como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos es superior
al otro, ya que en la mayoría de los contextos el sexo de las personas es, o debe ser,
irrelevante. La utilización de un lenguaje no sexista es algo más que un asunto de corrección
política. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las
percepciones. El Parlamento como institución respalda plenamente el principio de igualdad de
género, y el lenguaje que utiliza debe reflejar este hecho».
El lenguaje sexista es una fuente para perpetuar estereotipos y desigualdades de
género, por lo que utilizar fórmulas inclusivas en el Reglamento del Congreso refuerza
los principios constitucionales ya mencionados del artículo 14 de la Constitución. Así, se
busca eliminar expresiones o estructuras lingüísticas que excluyan o invisibilicen a
ciertos grupos, como son, en este caso, las mujeres.
Las mujeres representan más de la mitad de la población y el uso del masculino
genérico en cualquier tipo de texto, incluidos los de tipo legal, las coloca en una posición
de insignificancia. Por suerte, la lengua española es tan rica que nos permite emplear
múltiples formas para transmitir mensajes similares sin recurrir a la exclusión y con el
mismo grado de rigor.
La transformación del lenguaje incide directamente en el avance hacia una sociedad
más justa e igualitaria. En ese camino, nuestros órganos constitucionales deben ser
grandes ejemplos a seguir.
