BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 154

Viernes 27 de junio de 2025

Sec. III. Pág. 85182

criterios competenciales y el procedimiento establecido en el reglamento que regula el
Sistema Arbitral de Consumo, aprobado por Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, a fin
de desarrollar el arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito.
Segundo. Compromisos de las partes.
1. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares impulsará, en su ámbito territorial, la
gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral,
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, si no dispusiera de
ella y, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su
acreditación como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, de
conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia
de consumo.
2. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 establecerá, en
colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, un sistema de información
recíproco para el buen funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación
con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
3. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares facilitará información sobre la designación
de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así cualquier otro dato referente a la
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del
Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito territorial del municipio de Alcalá de Henares.
5. Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.

No asunción de compromisos financieros.

El presente convenio configura una actividad de colaboración que no genera
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Cuarto.

Causas de extinción y consecuencias en caso de incumplimiento.

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su
prórroga.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las
obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión de Seguimiento.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y
se entenderá resuelto el convenio.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes.

cve: BOE-A-2025-13135
Verificable en https://www.boe.es

Serán causas de extinción de este convenio, el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, siendo éstas las señaladas
en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, cuyo tenor literal establece las siguientes: