Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos. Personal laboral. (BOE-A-2025-6891)
Resolución de 31 de marzo de 2025, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo, por la que se convocan, por el sistema de concurso, plazas reservadas para personas con discapacidad, para la contratación de personal laboral fijo de los grupos profesionales M3, M2, M1, E2, 1G, 2G, 3G y 4G, sujetas al IV Convenio colectivo único de la Administración General del Estado, en el marco de estabilización de empleo temporal, en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y en el Instituto de Salud Carlos III, convocado por Resolución de 26 de diciembre de 2024.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83

Sábado 5 de abril de 2025

Sec. II.B. Pág. 47118

Tercero.
Tanto las personas aspirantes excluidas como las omitidas, estas últimas por no
figurar en la lista de personas admitidas ni en la lista de personas de excluidas, disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan
motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
La subsanación se realizará haciendo uso del servicio de Inscripción en Procesos
pruebas selectivas del punto de acceso general (https://administracion.gob.es/
pag_Home/empleoPublico/ips.html), conforme se ha realizado la solicitud.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al dirigirán al señor Subsecretario de
Ciencia, Innovación y Universidades.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen su exclusión o
no aleguen su omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de personas
admitidas, quedaran excluidas de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo, las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en
los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos, abriéndose, a
partir del día siguiente a dicha publicación, el plazo para interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Función Pública en el plazo de un
mes o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su
publicación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Cuarto.
Designar los Tribunales Calificadores que se detallan en el anexo II, cuya
composición se hará pública en los lugares señalados en el apartado primero de esta
resolución.
Quinto.
Se recuerda que, tal y como establecen las bases de la convocatoria en el
apartado 6.1.6: «El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo,
la acreditación de la identidad de las personas aspirantes. Asimismo, si tuviera
conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no cumple cualquiera de los
requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia a la persona interesada deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante».

Madrid, 31 de marzo de 2025.–El Subsecretario de Ciencia, Innovación y
Universidades, Carlos Marco Estellés.

cve: BOE-A-2025-6891
Verificable en https://www.boe.es

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponerse recurso potestativo de reposición con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
bien demanda ante los Juzgados de lo Social, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.