Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. I. Disposiciones generales. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2025-3556)
Acta de la Séptima Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación, hecha en Manila el 25 de noviembre de 2024.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46

Sábado 22 de febrero de 2025

Sec. I. Pág. 24583

Tabla 1: Marco de resultados
El objetivo general y los resultados intermedios del MAP de Filipinas para la Cooperación al Desarrollo 2025-2028 apoyan las estrategias
prioritarias expuestas en los siguientes capítulos del Plan de Desarrollo de Filipinas 2023-2028:
Objetivo general del MAP de Filipinas 2025-2028: Contribuir a la consolidación de un Estado democrático más eficiente y que garantice la
paz, la justicia y la equidad, así como a la construcción de una sociedad resiliente frente a los efectos del cambio climático y los riesgos
naturales.
Marco de resultados acordado

Resultados de desarrollo

Definido por el país socio

Capítulos del PDF 2023-2028

Definido por la cooperación española

ODS y Metas

Resultado de desarrollo 1
En el capítulo 13.2 se subraya la necesidad de desarrollar acciones coordinadas para reformar la administración de
justicia aumentando la calidad y la eficacia en la resolución de las causas (Resultado 1), fomentando el acceso de
los filipinos a servicios de asesoramiento jurídico gratuitos o poco costosos (Resultado 2) y mejorando la calidad de
vida de las personas privadas de libertad y garantizando en el futuro su reinserción social como ciudadanos
productivos (Resultado 3).
En el capítulo 13.2 figura el fortalecimiento de la CHR como institución nacional de promoción y protección de los
derechos humanos que observa las normas establecidas por los Principios de París de las Naciones Unidas, la
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y el Protocolo Facultativo de la Convención. Se aborda
específicamente la intensificación de los esfuerzos de la CHR para mejorar el acceso a la justicia por los medios
siguientes: (i) empoderamiento de los pobres y marginados para que busquen solución jurídica a las injusticias, (ii)
mejora de la protección y asistencia jurídicas y aumento de la información sobre los recursos legales existentes, (iii)
mejora de la sociedad civil y de la supervisión parlamentaria, (iv) persecución de las violaciones de los derechos
humanos por parte del sistema judicial, (v) fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y las
informales, y (vi) seguimiento y evaluación de estas intervenciones.
Por lo demás, y de acuerdo con sus competencias como principal organismo encargado de garantizar el
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la NEDA apoya y saluda la
creación de asociaciones y alianzas dirigidas a aumentar la eficacia de las instituciones filipinas y/o potenciar su
participación en las tareas de promoción y protección de los derechos humanos.
El Capítulo 13.2 subraya la necesidad de emplear mecanismos de resolución alternativa de litigios (RAL) en todos
los niveles: la Corte Suprema de Filipinas es partidaria de agotar los mecanismos disponibles antes de recurrir a la
justicia. Esta postura concuerda, además, con las estrategias de promoción de diferentes mecanismos de RAL que
figuran en el Resultado 1 del Capítulo y se refieren concretamente a las actividades continuadas de creación de
capacidades y concienciación desarrolladas por la Oficina de Resolución Alternativa de Litigios (OADR). La OADR
se encargará igualmente de actualizar y mejorar el marco legal de Filipinas y armonizar las normas que lo integran
para fomentar la RAL en los sectores público y privado y de conformidad con los principios internacionales.
Los filipinos y residentes en Filipinas disfrutarán de paz y seguridad y de un sistema judicial eficaz (Capítulo 13).
– Una paz y una seguridad duraderas permiten la creación de un entorno estable y propicio para el desarrollo de
una economía sólida y pujante (Subcapítulo 13.1).
– Además, la existencia de un sistema judicial eficaz, caracterizado por la integridad, la equidad, la accesibilidad y
el respeto escrupuloso del Estado de Derecho, es imprescindible para construir una sociedad basada en la
confianza en las instituciones y un entorno propicio para los negocios (Capítulo 13.2).

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.
– Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.
ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.
– Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad
conexas en todo el mundo.
– Meta 16.3: Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
– Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
– Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.
– Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

cve: BOE-A-2025-3556
Verificable en https://www.boe.es

Mejora de la convivencia, mayor respeto a los derechos humanos y
mejora del acceso a la justicia por parte de las poblaciones vulnerables
en los territorios filipinos objeto de intervención.
1.1 Las intervenciones respaldadas por la Cooperación Española han
permitido una disminución considerable del número de casos de
conflicto y violencia registrados, que indica una mejora de la
convivencia en los territorios objetivo.
1.2 Aumento de la información sobre los derechos humanos y
potenciación del ejercicio de los mismos entre las poblaciones
vulnerables de los territorios objetivo: avances impulsados por
iniciativas eficaces de carácter educativo y de defensa de sus intereses
respaldadas por la Cooperación Española.
1.3 La expansión de los servicios de asistencia jurídica y el
incremento de la eficiencia de los procesos judiciales en beneficio de
las poblaciones vulnerables indican un aumento del respeto al Estado
de Derecho y una mejora del acceso a la justicia en las zonas objetivo.