BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40

Sábado 15 de febrero de 2025

Sec. III. Pág. 21218

Sexto.
Que el artículo 157 en su apartado tercero de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público señala que las Administraciones Públicas, con
carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo
de vida de una aplicación, deberán consultar si existen soluciones disponibles para su
reutilización que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades que se
pretenden cubrir. En este mismo sentido, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica, con el fin de minorar al máximo los costes derivados de la
implantación y desarrollo de las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo caso el
derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios públicos, impone
a las Administraciones en su artículo 17, el deber de tener en cuenta las soluciones
disponibles que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades de nuevos
sistemas o servicios o la mejora y actualización de los ya implantados.
Séptimo.
Que el artículo 64.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público
por medios electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo,
establece que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, las Administraciones Públicas pondrán a disposición de cualquiera de ellas que
lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por su servicios o que hayan sido objeto de
contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la
información a la que estén asociadas sean objeto de especial protección por estar
previsto en una norma.
En este mismo sentido, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica,
con el fin de minorar al máximo los costes derivados de la implantación y desarrollo de
las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo caso el derecho de los ciudadanos a
acceder electrónicamente a los servicios públicos, impone a las Administraciones en su
artículo 17, el deber de tener en cuenta las soluciones disponibles que puedan satisfacer
total o parcialmente las necesidades de nuevos sistemas o servicios o la mejora y
actualización de los ya implantados.
Octavo.
Que, de conformidad con la disposición adicional vigésimo segunda de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la SGAD podrá, mediante la
formalización de un convenio, realizar actuaciones encaminadas a la prestación de
servicios comunes a otros órganos de la Administración General del Estado, así como a
sus entidades y organismos dependientes o vinculados con presupuesto limitativo. En
este caso, el convenio deberá establecer la contraprestación económica que habrá de
satisfacer el órgano destinatario del servicio.

Que la Autoridad Portuaria de A Coruña considera de gran utilidad la aplicación
informática GEISER desarrollada por la SGAD, para la gestión de sus registros oficiales
de entrada y salida y el intercambio, tanto a nivel interno como con otros organismos, de
la documentación en formato electrónico que acompaña a dichos registros, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

cve: BOE-A-2025-2946
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Noveno.