BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265

Sábado 2 de noviembre de 2024

Sec. III. Pág. 139990

EXPONEN
Primero.
Que el artículo 149.1. 17.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad
Social.
Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de
diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social (BOE
de 3 de enero de 1997), «específicamente se atribuye al Instituto Nacional de la
Seguridad Social competencia en las siguientes materias: a) El reconocimiento y
control del derecho a las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad
Social y en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Instituto Nacional de Empleo en materia de prestaciones de protección por
desempleo y al Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen Especial de
los Trabajadores del Mar. b) El reconocimiento y control del derecho a las
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no
contributiva, con excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de
Mayores y Servicios Sociales o servicios competentes de las comunidades
autónomas».
De acuerdo a la Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, sobre delegación de competencias, las personas titulares de las
direcciones provinciales tienen atribuidas en materia de convenios de colaboración y
protocolos generales de actuación a los que se refiere el artículo 47 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en relación con la
propuesta del pago de las obligaciones derivadas de las resoluciones de responsabilidad
patrimonial.
a) La facultad para suscribir, modificar, prorrogar y acordar la extinción de
convenios de colaboración con otras organizaciones e instituciones de carácter público o
privado, así como la memoria justificativa que deba acompañar a aquellos, siempre que
los efectos de dichos convenios se circunscriban al ámbito territorial de la dirección
provincial, que la contraprestación económica, si la hubiere, no supere la cantidad
de 450.000,00 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y que se imputen a los
créditos presupuestarios que se habiliten a la dirección provincial. La firma del convenio
o acuerdo, su modificación o prórroga o la adopción del acuerdo de extinción por la
dirección provincial deberán ser expresamente autorizadas por la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. La citada facultad no alcanzará a los acuerdos
y convenios que por razón de su ámbito territorial u objeto quedan reservados a la
Dirección General.
b) La suscripción de protocolos generales de actuación o instrumentos similares a
los que se refiere el artículo 47.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, que deberán ser autorizados expresamente por
la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Que conforme se derivan de los Estatutos de la Universidad de Extremadura
aprobados por Decreto 6/2003, de 8 de mayo (BOE de 23 de mayo de 2003), y
modificados por Decreto 190/2010, de 1 de octubre (DOE núm. 194, de 7 de octubre
de 2010), uno de los fines de la Universidad de Extremadura es el de la preparación
académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para
dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas
académicas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.

cve: BOE-A-2024-22710
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.