BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 254

Lunes 21 de octubre de 2024

Sec. III. Pág. 134747

Cuarto.
Que son competencias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en
adelante ICAC), establecidas en su Estatuto aprobado por el Real Decreto 302/1989 de 17
de marzo, modificado por Real Decreto 1784/2000, de 27 de octubre; y rige su actuación
por las leyes y disposiciones generales que le sean de aplicación y, especialmente, por lo
que para dicho tipo de Organismos públicos dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo establecido
específicamente en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en el
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2/2021.
Quinto.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 806/2014,
de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en la AGE y sus Organismos Públicos, los
medios y servicios TIC de la AGE y sus Organismos públicos serán declarados de uso
compartido cuando, en razón de su naturaleza e interés común, respondan a
necesidades transversales de un número significativo de unidades administrativas. La
declaración de medio o servicio compartido habilitará a la SGAD para adoptar las
medidas necesarias para su provisión compartida.
Sexto.
Que, dentro del marco de servicios declarados como compartidos por la Comisión de
Estrategia TIC, en su reunión del 15 de septiembre de 2015, e incluidos en el catálogo
de servicios compartidos, se encuentra el servicio de nube híbrida denominado
NubeSARA, mediante el cual la SGAD proporciona recursos de computación y
almacenamiento en la nube a la AGE y sus Organismos Públicos.
Séptimo.
Que el artículo 64.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público
por medios electrónicos, establece que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157.3
en su apartado tercero de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señala que las
Administraciones públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación deberán consultar si
existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o
parcialmente las necesidades que se pretenden cubrir.

Que el artículo 64.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos, establece que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas pondrán a disposición de
cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por su servicios o que hayan
sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo
que la información a la que estén asociadas sean objeto de especial protección por estar
previsto en una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la
repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.
En este mismo sentido, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica,
con el fin de minorar al máximo los costes derivados de la implantación y desarrollo de
las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo caso el derecho de los ciudadanos a
acceder electrónicamente a los servicios públicos, impone a las Administraciones en su
artículo 17 el deber de tener en cuenta las soluciones disponibles que puedan satisfacer

cve: BOE-A-2024-21555
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Octavo.