BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 5 de septiembre de 2024

Sec. III. Pág. 111432

Décima. Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del
presente convenio a través de los responsables del seguimiento, vigilancia y control del
convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio
judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en las fechas que se
indican en cada una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del
convenio la del último firmante.–Por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.
A., Carlos Andradas Heranz, 27 de agosto de 2024.–Por la Conferencia de Rectores y
Rectoras de las Universidades Españolas, Eva Alcón Soler, 27 de agosto de 2024.
ANEXO I
Descripción y objetivos del encuentro
La LOSU como nuevo marco de ordenación del sistema universitario en España es
sin duda una norma de enorme trascendencia para nuestras universidades, e
independientemente de las distintas valoraciones que pueda merecer su articulado,
supone a la hora de su implementación importantes desafíos y también ofrece
oportunidades que pueden y deben ser bien aprovechadas.
Es cierto que desde diversos sectores, también desde la CRUE, se ha venido
indicando que el primer problema que a corto plazo hay que contemplar con la
implantación de buena parte de su articulado, es el coste que las universidades van a
tener que afrontar con ella, en especial en lo referente a la aplicación de las medidas
relativas al personal de las universidades en orden a su dedicación, estabilización y
promoción, y que partiendo de los datos contables y presupuestarios cabe cifrarlo entre
ochocientos y mil millones de euros. Por ello, es urgente velar porque este capítulo, así
como el incremento presupuestario global que supone el compromiso de incremento de
la financiación del gasto universitario público para alcanzar al menos el 1 % del PIB del
conjunto del país llegue pronto a las universidades, lo que nos situaría en el entorno de
la media de la UE, y ya que de no disponer de él difícilmente se puede pensar en la
aplicación correcta y deseada de la totalidad de esta nueva norma.
Por otro lado, y no menos importante es recordar que esta aplicación vendrá también
condicionada por el esperado desarrollo normativo que requiere buena parte del
articulado tanto por lo que compete a la Administración General del Estado como en el
que corresponda a las Comunidades Autónomas. Y claro está que, tras la financiación y
las medidas de acompañamiento y desarrollo normativo, se encuentra el desarrollo
estatutario que cada institución académica haga, ya que es cierto que la LOSU otorga en
general en mayor medida que la normativa anterior un mayor margen de decisión para
que cada universidad decida en sus estatutos como conforma sus estructuras y órganos
académicos y algunos de sus procedimientos.
Es por este motivo que el objetivo del encuentro será reflexionar sobre estas
cuestiones, y conocer la opinión de rectores y rectoras, así como de reconocidos
expertos en la materia, acerca de cómo afrontar mejor esos desafíos que plantea la
implantación de la norma y como aprovechar mejor las oportunidades que pueda ofrecer
de cambios en las instituciones académicas en orden a su mejor desempeño académico,
y con él, el impulso de su capacidad transformadora de la sociedad para un mayor
progreso social. El tema se considera de gran interés y oportunidad.
El encuentro tendrá una duración de dos días.

cve: BOE-A-2024-17922
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Núm. 215