BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 212

Lunes 2 de septiembre de 2024

Sec. III. Pág. 110551

concordancia con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (BOJA núm. 122, de 23 de junio de 2010), que establece,
entre las competencias de asistencia que la provincia podrá prestar a los municipios,
la »asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios […] y apoyo
tecnológico».
Dichas competencias provinciales están directamente relacionadas con las que dicha
Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye como propias a los municipios en relación a las
materias objeto del presente convenio, como son, de acuerdo con el artículo 25.2.c) de la
mencionada Ley 7/1985, de 2 de abril, «el abastecimiento de agua potable a domicilio
[...]» y de acuerdo con el apartado f), la «[…] protección civil […]». En concordancia con
esto, el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, atribuye como competencia propia a
los municipios la «ordenación, gestión, prestación y control […]» de diferentes servicios
en relación con el ciclo integral del agua de uso urbano y en su artículo 14.h) «la
creación, mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil».
Segundo.
Que el CSIC, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación («Ley de la Ciencia»), es un organismo público
de investigación (OPI) constituido actualmente como Agencia Estatal y adscrito al
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Secretaría General de
Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión
de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de
contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así
como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en
estas materias.
El CSIC, en su condición de agencia estatal, se rige por lo establecido en los
artículos 108 bis a 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y por las disposiciones de su Estatuto, aprobado por Real
Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre.
Tercero.
Que el artículo 5.1.j de su Estatuto atribuye al CSIC entre sus funciones la de
«informar, asistir y asesorar en materia de ciencia y tecnología a entidades públicas y
privadas, conforme a principios de suficiencia financiera, imparcialidad, independencia y
confidencialidad».

Que el Instituto Geológico y Minero de España (en adelante CSIC-IGME), es un
Centro Nacional del CSIC, sin personalidad jurídica diferenciada, previsto en el
artículo 26 bis de su estatuto, siendo el centro de investigación y servicios técnicos de
referencia y soporte para la política minera del Gobierno y de los Ministerios para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Industria, Comercio y Turismo, en
especial en materias relacionadas con las ciencias y tecnologías de la Tierra para
cualquier actuación sobre el territorio, las aguas continentales y el subsuelo, incluidos los
de carácter ambiental relacionados con suelos, recursos minerales e instalaciones de
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Quinto.
Que se atribuye a la Administración General del Estado la competencia sobre el
fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica
(artículo 149.1.15 de la Constitución) de conformidad con el interés general que obliga a
todos los poderes públicos (artículo 44.2 de la Constitución).

cve: BOE-A-2024-17716
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.