BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de agosto de 2024

Sec. TC. Pág. 109332

Remisión a los votos particulares ya formulados.
Don Gaspar Zarrías Arévalo fue condenado como autor de un delito continuado de
prevaricación administrativa al considerarse probado que en su condición de consejero
de Presidencia de la Junta de Andalucía, consciente de que se eludía la fiscalización
previa, participó en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos y en su
aprobación como proyectos de ley para los ejercicios de los años 2002 a 2009, en los
que mediante el cambio de la clasificación presupuestaria, se consignaron en concepto
de transferencias de financiación a la agencia IFA/IDEA –que debían destinarse a gastos
de explotación de IFA/IDEA–, las importantes cantidades de dinero que constan en los
hechos probados, luego incrementadas sustancialmente mediante la aprobación de
sucesivas modificaciones presupuestarias entre los años 2000 y 2008, para que se
pudieran efectuar libérrimamente pagos («ayudas sociolaborales»), sin la necesaria
cobertura presupuestaria, sin la existencia de control alguno y sin el cumplimiento de los
requisitos de las normas reguladoras de las subvenciones.
La sentencia, frente a la que formulo el presente voto particular, da respuesta al
planteamiento del recurrente y para ello se remite a los argumentos expuestos en la
STC 93/2024, de 19 de junio –recurso de amparo interpuesto por doña Magdalena
Álvarez Arza– en el que partiendo de la premisa del carácter no fiscalizable del contenido
del anteproyecto o proyecto de ley y de que sobre los mismos no puede ejercerse más
control que el político, concluye que los órganos judiciales han efectuado una
interpretación del elemento del tipo del delito de prevaricación administrativa («resolución
arbitraria en un asunto administrativo») lesiva del derecho a la legalidad penal. Y, en
relación con las modificaciones presupuestarias del programa 31L, considera que su
calificación como arbitrarias es imprevisible al encontrarse amparadas por las sucesivas
leyes de presupuestos.
La presente sentencia reconoce la vulneración del principio de legalidad penal en
relación con la condena por el delito de prevaricación proyectando la doctrina expuesta
en la STC 93/2024, luego aplicada en las SSTC 94/2024 de 2 de julio, y 96/2024,
97/2024, 98/2024, de 3 de julio, por lo que me debo remitir, en lo relativo a la doctrina
acuñada en dichas sentencias, al razonamiento expuesto en los votos particulares
formulados frente a aquellas, debiendo insistir en:
a) El exceso de jurisdicción en que ha incurrido el Tribunal Constitucional al
rectificar por vez primera al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento
recogido en la descripción de la conducta típica, que socava la jurisdicción del Tribunal
Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y máxima autoridad
jurisdiccional en la función de interpretar y aplicar la legislación vigente (arts. 117.3
y 123.1 CE), convirtiéndose el Tribunal Constitucional en un tribunal de casación.
b) La sentencia deja al margen de todo control aquello que tenga que ver con la
actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la
fase final de su ejecución y determina la impunidad de los miembros del Gobierno de la
Junta de Andalucía en todo lo concerniente a la elaboración, aprobación, ejecución de
los presupuestos y a las enmiendas presupuestarias o su ejecución, por lo que quedan
desprotegidos entre otros intereses la indemnidad del patrimonio público.
c) La confusión entre la condición de consejero –miembro del Gobierno– con el
Gobierno mismo, en que incurre la sentencia, para calificar la aprobación de los
anteproyectos y proyectos de leyes de presupuestos como acción del Gobierno.
d) La incompatibilidad de la sentencia con la inexistente previsión constitucional de
inmunidad de los miembros del Gobierno (arts. 56.3 y 71.1 CE) y con la obligada
interpretación estricta y finalista del privilegio de la inviolabilidad y de la inmunidad que
determina su inviable proyección a los miembros del Gobierno al no existir dicha
previsión constitucional (STC 9/1990, de 18 de enero).
e) La inadecuación del principio de irresponsabilidad penal establecido en la
sentencia con las obligaciones de España derivadas del artículo 325 TFUE, apartado 1,

cve: BOE-A-2024-17483
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Núm. 208