III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Comunidad de Castilla y León. Convenio. (BOE-A-2024-16210)
Resolución de 30 de julio de 2024, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Universidad de Valladolid, para la realización de prácticas académicas externas en la Dirección Provincial de Zamora.
16 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 100637
ANEXO I
Compromiso de confidencialidad
Compromiso de confidencialidad de obligada aceptación para los estudiantes
universitarios que realicen prácticas académicas externas en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social
La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece los
mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las Administraciones
Públicas con competencias en materia universitaria.
El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de
su calidad, ofrece la posibilidad de introducir prácticas académicas externas en los
planes de estudio, reforzando el compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la
formación de los estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito
profesional en el que desarrollarán su actividad futura.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas como «una actividad de
naturaleza formativa realizada por los estudiantes y supervisada por las universidades, cuyo
objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en
su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para
el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad».
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, incluye «una nueva regulación
más acorde con lo establecido en la legislación vigente y que desarrolle, precise y aclare
algunos de los aspectos previstos en la misma, tales como los objetivos de las prácticas,
las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los
Convenios de cooperación educativa».
Según el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de
la calidad, los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado y
Máster Universitario contendrán una formación teórica y práctica y entre esta formación
práctica podrán incluirse prácticas académicas externas. En este sentido, es necesario
que la universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa
formativo, establezca acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos
públicos y privados, así como con empresas o industrias. Todas estas colaboraciones
deberán contar con la autorización previa de la Universidad, a propuesta del órgano
responsable del desarrollo del estudio.
El derecho a la protección de los datos de carácter personal es un derecho
fundamental reconocido como tal por el ordenamiento jurídico supranacional y nacional y,
por lo tanto, de obligado reconocimiento y protección por parte de las administraciones
públicas y los empleados destinados en las mismas.
La legislación europea y española dispone de un conjunto de normas tendentes a
proteger la intimidad y confidencialidad de las personas físicas y jurídicas. Entre ellas
destacan el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dispone de multitud de bases
de datos, ficheros y aplicativos informáticos en los que se custodian y utilizan los datos
de carácter personal de todos los ciudadanos que constan como interesados en los
procedimientos administrativos derivados del ejercicio de las competencias atribuidas por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
cve: BOE-A-2024-16210
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 100637
ANEXO I
Compromiso de confidencialidad
Compromiso de confidencialidad de obligada aceptación para los estudiantes
universitarios que realicen prácticas académicas externas en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social
La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece los
mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las Administraciones
Públicas con competencias en materia universitaria.
El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de
su calidad, ofrece la posibilidad de introducir prácticas académicas externas en los
planes de estudio, reforzando el compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la
formación de los estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito
profesional en el que desarrollarán su actividad futura.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas como «una actividad de
naturaleza formativa realizada por los estudiantes y supervisada por las universidades, cuyo
objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en
su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para
el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad».
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, incluye «una nueva regulación
más acorde con lo establecido en la legislación vigente y que desarrolle, precise y aclare
algunos de los aspectos previstos en la misma, tales como los objetivos de las prácticas,
las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los
Convenios de cooperación educativa».
Según el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de
la calidad, los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado y
Máster Universitario contendrán una formación teórica y práctica y entre esta formación
práctica podrán incluirse prácticas académicas externas. En este sentido, es necesario
que la universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa
formativo, establezca acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos
públicos y privados, así como con empresas o industrias. Todas estas colaboraciones
deberán contar con la autorización previa de la Universidad, a propuesta del órgano
responsable del desarrollo del estudio.
El derecho a la protección de los datos de carácter personal es un derecho
fundamental reconocido como tal por el ordenamiento jurídico supranacional y nacional y,
por lo tanto, de obligado reconocimiento y protección por parte de las administraciones
públicas y los empleados destinados en las mismas.
La legislación europea y española dispone de un conjunto de normas tendentes a
proteger la intimidad y confidencialidad de las personas físicas y jurídicas. Entre ellas
destacan el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dispone de multitud de bases
de datos, ficheros y aplicativos informáticos en los que se custodian y utilizan los datos
de carácter personal de todos los ciudadanos que constan como interesados en los
procedimientos administrativos derivados del ejercicio de las competencias atribuidas por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
cve: BOE-A-2024-16210
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 188
