III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16166)
Resolución de 30 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 100164
Del análisis de la información anterior, cada institución de control determinó aquellas
convocatorias a considerar en su respectivo ámbito territorial e identificó las entidades
adjudicatarias a partir de las cuales seleccionar la muestra para el desarrollo de los trabajos de
fiscalización. El resultado agregado de las entidades y los importes asignados se indican en el
siguiente cuadro4. Por su parte, en el anexo V se desarrollan los criterios de selección de la
muestra y se detallan las entidades incluidas.
CUADRO 3. ENTIDADES E IMPORTE ASIGNADO EN LAS CONVOCATORIAS
CONSIDERADAS
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
N.º
ENTIDADES
IMPORTE ASIGNADO
Andalucía
73
24.569.059,66
Aragón
74
47.266.966,16
Canarias
6
6.137.242,40
Cantabria
49
2.948.053,67
233
97.100.355,67
Castilla y León
Castilla-La Mancha
74
20.089.240,04
322
102.968.201,70
Comunidad de Madrid
14
23.696.519,00
Comunitat Valenciana
32
9.877.326,12
Extremadura
16
9.816.268,26
Galicia
23
31.355.199,02
Illes Balears
33
19.517.332,3
La Rioja
14
7.758.261,21
2
2.209.151,20
13
9.336.651,60
Cataluña
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
TOTAL
8
6.486.519,20
21
11.024.712,05
1.007
432.157.059,26
Fuente: Elaboración propia.
La diferencia entre los datos consignados en este cuadro y los referidos a la totalidad de las convocatorias indicadas
en los anteriores se debe, fundamentalmente, a que la mayor parte de las instituciones de control no tuvieron en
consideración la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, puesto que confería a
las CCAA (y no a las EELL, definidas como beneficiarios finales) la condición de entidad ejecutora, sin perjuicio de que
estas pudieran establecer en los instrumentos jurídicos específicos mediante los que articulasen el reparto de los fondos
a las EELL de su respectivo ámbito territorial la necesidad de disponer de un PMA.
cve: BOE-A-2024-16166
Verificable en https://www.boe.es
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Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 100164
Del análisis de la información anterior, cada institución de control determinó aquellas
convocatorias a considerar en su respectivo ámbito territorial e identificó las entidades
adjudicatarias a partir de las cuales seleccionar la muestra para el desarrollo de los trabajos de
fiscalización. El resultado agregado de las entidades y los importes asignados se indican en el
siguiente cuadro4. Por su parte, en el anexo V se desarrollan los criterios de selección de la
muestra y se detallan las entidades incluidas.
CUADRO 3. ENTIDADES E IMPORTE ASIGNADO EN LAS CONVOCATORIAS
CONSIDERADAS
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
N.º
ENTIDADES
IMPORTE ASIGNADO
Andalucía
73
24.569.059,66
Aragón
74
47.266.966,16
Canarias
6
6.137.242,40
Cantabria
49
2.948.053,67
233
97.100.355,67
Castilla y León
Castilla-La Mancha
74
20.089.240,04
322
102.968.201,70
Comunidad de Madrid
14
23.696.519,00
Comunitat Valenciana
32
9.877.326,12
Extremadura
16
9.816.268,26
Galicia
23
31.355.199,02
Illes Balears
33
19.517.332,3
La Rioja
14
7.758.261,21
2
2.209.151,20
13
9.336.651,60
Cataluña
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
TOTAL
8
6.486.519,20
21
11.024.712,05
1.007
432.157.059,26
Fuente: Elaboración propia.
La diferencia entre los datos consignados en este cuadro y los referidos a la totalidad de las convocatorias indicadas
en los anteriores se debe, fundamentalmente, a que la mayor parte de las instituciones de control no tuvieron en
consideración la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, puesto que confería a
las CCAA (y no a las EELL, definidas como beneficiarios finales) la condición de entidad ejecutora, sin perjuicio de que
estas pudieran establecer en los instrumentos jurídicos específicos mediante los que articulasen el reparto de los fondos
a las EELL de su respectivo ámbito territorial la necesidad de disponer de un PMA.
cve: BOE-A-2024-16166
Verificable en https://www.boe.es
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