BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186

Viernes 2 de agosto de 2024

Sec. TC. Pág. 98881

Social» (el convenio marco). En virtud de dicho convenio, el IFA se comprometía a
prestar asistencia técnica permanente a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, materializando las ayudas que, en su caso, otorgase la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, a través de la citada dirección general, a las empresas u otros
entes públicos o privados. Se contemplaba la suscripción de convenios particulares entre
el director general de Trabajo y el IFA, en los que habían de concretarse las previsiones
del convenio marco, debiendo contener, al menos, las siguientes especificaciones: (i)
objeto y alcance del convenio particular; (ii) estimación económica de la asistencia o
cuantía de las ayudas a materializar, empresas u otros entes públicos o privados, así
como consignación presupuestaria a cuyo cargo habían de realizarse la transferencia de
fondos al IFA; (iii) plazo máximo de ejecución de cada una de las acciones
comprometidas; (iv) composición, en su caso, de la comisión de seguimiento de la
asistencia técnica encargada. El IFA debía de dar cuenta inmediata a la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de los pagos efectuados a las empresas u otros
entes públicos o privados.
En la mayor parte de los convenios particulares suscritos entre la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social y el IFA se hizo constar expresamente que la
documentación acreditativa de las ayudas obraba en poder de la dirección general,
autorizando esta su pago. En ningún caso llegaron a constituirse las comisiones de
seguimiento previstas en el convenio marco.
Tras la firma del convenio marco, el consejo rector del IFA debía de intervenir en la
materialización del pago de las ayudas, aprobando, en su caso, los pagos derivados de
la firma de cada convenio particular de importe superior a 450 000 euros. Las ayudas
que superasen la cuantía de 1 200 000 euros debían ser autorizadas por el Consejo de
Gobierno y publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
c) En los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la comunidad
autónoma de los años 2002 a 2009 se introdujeron en un nuevo programa 31L, que
sustituyó al 22E, las aplicaciones presupuestarias «Transferencias al IFA/IDEA en
materia de relaciones laborales» –concepto 440.00– y «Transferencia de financiación al
IFA/IDEA» –concepto 440.51–, en las que se recogían los créditos destinados a favor del
IFA/IDEA para el pago de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis. Los
fondos percibidos por el IFA que en el año 2004 pasó a denominarse Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa– se destinaban a pagar lo ordenado por la consejería conforme a lo
previsto en el convenio marco.
Los proyectos de las leyes de presupuestos fueron presentados al Parlamento de
Andalucía para su examen, enmienda, aprobación y control (art. 190 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía), acompañados, en lo que ahora interesa, de las
correspondientes memorias presupuestarias, informes económico-financieros y fichas del
programa 31L, de cuyo contenido la sentencia de instancia extrae las siguientes
conclusiones, que reproduce la sentencia de casación (fundamento de Derecho 11,
págs. 193 a 196):

A) La descripción de los objetivos y actividades contenidos en las fichas del
programa 31L, son, como hemos visto, del siguiente tenor:
–
–
–
–
–
–

''Transferencias al IFA''.
''Transferencias al AIDA''.
''Mantenimiento empleo y tejido productivo andaluz''.
''Gestión de subvenciones''.
''Ayudas prejubilaciones y expedientes de regulación de empleo''.
''Suscripción de convenio''.

cve: BOE-A-2024-16041
Verificable en https://www.boe.es

«9. Conclusiones del análisis de la documentación anexa al proyecto de
presupuesto anual de la Junta de Andalucía: