T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-16039)
Pleno. Sentencia 96/2024, de 3 de julio de 2024. Recurso de amparo 2360-2023. Promovido por don Francisco Vallejo Serrano respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla que le condenaron por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Vulneración del derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia: condena basada en una interpretación del todo imprevisible del tipo objetivo. Votos particulares.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de agosto de 2024
Sec. TC. Pág. 98726
andaluzas de los años 2002 a 2009 que incluyeron esa partida no establecieron en su
articulado la modificación o supresión del régimen de control de ayudas y subvenciones,
sin que esa pretendida modificación legal pueda inferirse del mero enunciado de una
determinada partida presupuestaria, como se pretende en la sentencia de este tribunal.
En todo caso, es cierto que ha quedado acreditado, como resulta de las sentencias
impugnadas en amparo, que en el conocido como «caso de los ERE de Andalucía», se
buscó de manera intencionada la elusión de los controles ordinarios del gasto público, lo
que supuso la debilitación de los mecanismos para prevenir la corrupción. La eliminación
de estos controles, en abstracto, ya es reprochable, pero, además, teniendo en cuenta
que los fondos fueron gestionados sin las mínimas garantías de publicidad y
concurrencia competitiva para su obtención por los particulares, la debilitación de los
controles facilitó la aparición de los casos de corrupción.
En definitiva, llama poderosamente la atención el elocuente contraste entre la
protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de
caudales públicos y la respuesta dada por esta y las restantes sentencias de este
tribunal a uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en
España. Una sentencia que no ha dudado en desbordar los límites del control que a este
tribunal corresponden en materia de amparo constitucional, para anular los
pronunciamientos condenatorios de la jurisdicción penal, que a partir de pruebas de
cargo practicadas en el juicio oral con plenas garantías de inmediación, contradicción y
defensa, y mediante una subsunción de los hechos probados en el tipo penal que no
puede calificarse de imprevisible ni irrazonable, habían condenado al demandante de
amparo como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de
malversación. Por eso, resulta especialmente difícil conciliar la decisión de la sentencia
de este tribunal, que conduce a la postre a dejar impunes unas conductas de especial
gravedad cometidas por unos concretos responsables políticos en el desempeño de sus
funciones públicas, con el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de
impunidad para los malversadores.
5. Colofón: las sentencias impugnadas en amparo no vulneraron los derechos del
recurrente a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.
Como conclusión a cuanto ha quedado antes expuesto, considero que las sentencias
recurridas en amparo han efectuado una interpretación razonada de los elementos
típicos de los delitos de prevaricación y malversación, y que su aplicación al caso en
dichas resoluciones judiciales supera sin dificultad el canon de control referido a la
prohibición de interpretaciones «ilógicas» o «arbitrarias» que impone el art. 25.1 CE,
conforme a la doctrina consolidada de este tribunal. La subsunción de la conducta del
recurrente, a partir de los hechos declarados probados [sobre los que a este tribunal
nada le cabe decir: art. 44.1.b) LOTC], en los delitos de prevaricación y malversación,
que han efectuado la Audiencia Provincial de Sevilla y especialmente el Tribunal
Supremo como órgano jurisdiccional superior en la materia (art. 123.1 CE), no es
irrazonable ni imprevisible ni, por consiguiente, contraria al derecho fundamental a la
legalidad penal que garantiza el art. 25.1 CE.
Tampoco vulneran las sentencias impugnadas el derecho a la presunción de
inocencia (art. 24.2 CE), frente a lo que sostiene este tribunal, pues la condena del
recurrente se fundamenta en pruebas de cargo practicadas en el juicio oral con plenas
garantías de inmediación, contradicción y defensa, y susceptibles de enervar esa
presunción más allá de toda duda razonable, como resulta de las resoluciones judiciales
impugnadas en amparo. La sentencia de este tribunal incurre en un claro exceso de
jurisdicción, al suplantar a los órganos judiciales del orden penal en la función que
constitucionalmente les corresponde ex art. 117.3 CE.
Por todo ello, considero que el recurso de amparo debió ser íntegramente
desestimado.
cve: BOE-A-2024-16039
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 186
Viernes 2 de agosto de 2024
Sec. TC. Pág. 98726
andaluzas de los años 2002 a 2009 que incluyeron esa partida no establecieron en su
articulado la modificación o supresión del régimen de control de ayudas y subvenciones,
sin que esa pretendida modificación legal pueda inferirse del mero enunciado de una
determinada partida presupuestaria, como se pretende en la sentencia de este tribunal.
En todo caso, es cierto que ha quedado acreditado, como resulta de las sentencias
impugnadas en amparo, que en el conocido como «caso de los ERE de Andalucía», se
buscó de manera intencionada la elusión de los controles ordinarios del gasto público, lo
que supuso la debilitación de los mecanismos para prevenir la corrupción. La eliminación
de estos controles, en abstracto, ya es reprochable, pero, además, teniendo en cuenta
que los fondos fueron gestionados sin las mínimas garantías de publicidad y
concurrencia competitiva para su obtención por los particulares, la debilitación de los
controles facilitó la aparición de los casos de corrupción.
En definitiva, llama poderosamente la atención el elocuente contraste entre la
protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de
caudales públicos y la respuesta dada por esta y las restantes sentencias de este
tribunal a uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en
España. Una sentencia que no ha dudado en desbordar los límites del control que a este
tribunal corresponden en materia de amparo constitucional, para anular los
pronunciamientos condenatorios de la jurisdicción penal, que a partir de pruebas de
cargo practicadas en el juicio oral con plenas garantías de inmediación, contradicción y
defensa, y mediante una subsunción de los hechos probados en el tipo penal que no
puede calificarse de imprevisible ni irrazonable, habían condenado al demandante de
amparo como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de
malversación. Por eso, resulta especialmente difícil conciliar la decisión de la sentencia
de este tribunal, que conduce a la postre a dejar impunes unas conductas de especial
gravedad cometidas por unos concretos responsables políticos en el desempeño de sus
funciones públicas, con el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de
impunidad para los malversadores.
5. Colofón: las sentencias impugnadas en amparo no vulneraron los derechos del
recurrente a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.
Como conclusión a cuanto ha quedado antes expuesto, considero que las sentencias
recurridas en amparo han efectuado una interpretación razonada de los elementos
típicos de los delitos de prevaricación y malversación, y que su aplicación al caso en
dichas resoluciones judiciales supera sin dificultad el canon de control referido a la
prohibición de interpretaciones «ilógicas» o «arbitrarias» que impone el art. 25.1 CE,
conforme a la doctrina consolidada de este tribunal. La subsunción de la conducta del
recurrente, a partir de los hechos declarados probados [sobre los que a este tribunal
nada le cabe decir: art. 44.1.b) LOTC], en los delitos de prevaricación y malversación,
que han efectuado la Audiencia Provincial de Sevilla y especialmente el Tribunal
Supremo como órgano jurisdiccional superior en la materia (art. 123.1 CE), no es
irrazonable ni imprevisible ni, por consiguiente, contraria al derecho fundamental a la
legalidad penal que garantiza el art. 25.1 CE.
Tampoco vulneran las sentencias impugnadas el derecho a la presunción de
inocencia (art. 24.2 CE), frente a lo que sostiene este tribunal, pues la condena del
recurrente se fundamenta en pruebas de cargo practicadas en el juicio oral con plenas
garantías de inmediación, contradicción y defensa, y susceptibles de enervar esa
presunción más allá de toda duda razonable, como resulta de las resoluciones judiciales
impugnadas en amparo. La sentencia de este tribunal incurre en un claro exceso de
jurisdicción, al suplantar a los órganos judiciales del orden penal en la función que
constitucionalmente les corresponde ex art. 117.3 CE.
Por todo ello, considero que el recurso de amparo debió ser íntegramente
desestimado.
cve: BOE-A-2024-16039
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Núm. 186
