BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179

Jueves 25 de julio de 2024
I.

Sec. TC. Pág. 95632

Antecedentes

1. El procurador de los tribunales don Manuel Ignacio Pérez Espina, en nombre y
representación de doña Magdalena Álvarez Arza, bajo la dirección letrada de don Rafael
Alcácer Guirao, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se
mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este
tribunal el 26 de octubre de 2022.
2.

Son antecedentes relevantes para su resolución los siguientes:

a) Por sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019, la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Sevilla condenó, en el marco de la denominada «pieza
específica» del caso «ERE», a diversos miembros del Gobierno y de la administración de
la Junta de Andalucía –incluyendo desde presidentes de la comunidad autónoma a
directores generales– por haber intervenido, a lo largo de casi diez años, en el diseño de
un sistema de concesión y/o ejecución de ayudas sociolaborales.
Según el resumen efectuado por el Tribunal Supremo en la sentencia de casación
(fundamento de Derecho 1, pág. 97 y siguientes), los hechos en los que se habría
articulado el sistema de concesión de ayudas sociolaborales se dividirían en tres etapas
diferentes:
Primera etapa

Hasta el año 2000 y para dar respuesta a las situaciones de crisis económicas de
empresas radicadas en Andalucía la Junta de Andalucía, a través de los presupuestos
que gestionaba la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, articuló un sistema de
ayudas para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la contratación de
pólizas de rentas para trabajadores de dichas empresas que, atendiendo a su edad, les
aseguraban un nivel de ingresos hasta acceder a la jubilación. Estas ayudas eran
complementarias a otras ayudas extraordinarias que se concedían a los trabajadores
afectados por procesos de reestructuración de empresas de acuerdo con la legislación
estatal (Orden de 5 de octubre de 1994 y Orden de 5 de abril de 1995, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social).
La aplicación presupuestaria que se utilizaba para clasificar este gasto era la 0.1
13.00.01.00.48100, dentro del programa 22E, relativa a transferencias corrientes a
empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro y se tramitaba como una
subvención excepcional, sujeta a fiscalización previa.
Los expedientes para la concesión de estas ayudas se integraban por los siguientes
documentos: memoria justificativa, acreditación de la personalidad del solicitante,
documento acreditativo de la situación de hecho que amparaba la solicitud (resolución de
la autoridad laboral del ERE) y compromisos asumidos para el caso de que variara la
situación laboral de los perceptores. La Dirección General de Trabajo elevaba una
propuesta de resolución al consejero de Empleo que era el órgano competente para la
concesión.
La sentencia en sus distintos fundamentos jurídicos, singularmente el séptimo,
declara que estas ayudas, que suponían la disposición gratuita de fondos públicos en
favor de empresas y para conseguir una actuación de interés público o social, tenían la
consideración de subvención y estaban sujetas en su concesión a distintas normas, de
entre las que cabe destacar el título VII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, general de la
hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de concesión de subvenciones de la
Junta de Andalucía, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Sin perjuicio de ahondar más adelante en el régimen jurídico aplicable a estas
ayudas, las notas más relevantes de esta regulación eran las siguientes:
El órgano competente para la concesión de las subvenciones era el titular de la
Consejería en cuyo ámbito se concedían, siendo necesario el acuerdo del Consejo de

cve: BOE-A-2024-15428
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