BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 20 de julio de 2024

Sec. III. Pág. 93008

Bonaparte. La inesperada respuesta popular a esa decisión fue un levantamiento
armado generalizado y espontáneo, incitado por proclamas a favor del rey legítimo, la
preservación de la religión tradicional y la libertad de la nación avasallada.
Ese contexto crítico obligó a constituir en Aranjuez en septiembre de 1808 la propia
Junta Suprema Central como interina «depositaria de la autoridad soberana» para cubrir
el vacío de poder imperante dada la ausencia de monarca y la negativa a reconocer a las
autoridades nombradas por los mandos militares franceses. El acoso de las fuerzas
napoleónicas obligó a la Junta a dejar su sede inicial para trasladarse primero a Sevilla y
pronto a la mayor seguridad de Cádiz y de su puerto, con vistas al posible traslado a
algún punto de refugio en el continente americano.
Sólo quedaba en manos de los patriotas españoles la zona circundante a la ciudad
de Cádiz, que iba a ser sometida a un severo asedio por tierra, pero que seguiría
resistiendo gracias a poder ser abastecida por mar (ante la falta de una marina francesa
capaz de impedirlo).
Las críticas condiciones descritas fueron el motivo por el que la Junta Suprema
decretó la convocatoria de Cortes en 1810 como único medio para superar el colapso
completo de la resistencia patriótica en la Península y de la desintegración de los
territorios españoles en ultramar. De ese modo, rompiendo la tradición estamental,
fueron elegidos los poco más de trescientos diputados de una cámara única mediante el
sufragio universal masculino de todos los patriotas opuestos a los invasores. En
consecuencia, el 24 de septiembre de 1810, el Teatro Cómico de la Real Villa de la Isla
de León fue escenario de la primera sesión inaugural de las «Cortes Generales y
Extraordinarias», más conocidas como Cortes de Cádiz, que abrirían un capítulo nuevo
de la vida de España por la transcendencia de sus decisiones. En particular, por la
elaboración y aprobación, el 19 de marzo de 1812, de la llamada Constitución de Cádiz
conocida como «La Pepa» por haber sido aprobada el día de San José. Era el primer
texto constitucional de la historia de España y era también uno de los primeros de la
historia universal después de las constituciones de Estados Unidos de 1789 y de Francia
de 1791, entre otras.
El código constitucional aprobado en Cádiz en 1812 suponía la abolición del Antiguo
Régimen en España en el contexto de emergencia bélica, desplome institucional y virtual
peligro de desaparición del país por anexión al imperio napoleónico. Y por eso
consagraba una verdadera revolución sociopolítica manifiesta en varias dimensiones: El
establecimiento de una «monarquía templada» (fórmula de la época para definir la
monarquía parlamentaria) sujeta al principio de soberanía nacional que limitaba el poder
absoluto del monarca); la proclamación de la igualdad ante la ley de todos los españoles
sin distinción de rango aboliendo las diferencias estamentales y los órdenes privilegiados
y la implantación de un Estado representativo y unitario mediante el libre sufragio
electoral de los ciudadanos; la consagración de la división de poderes estatales
equilibrados para evitar así el predominio abusivo de unos u otros; y a codificación de los
derechos civiles y políticos de esa ciudadanía para garantizar su ejercicio frente al
posible abuso de los gobernantes. La influencia del texto gaditano en el ámbito europeo
y latinoamericano fue enorme. Con ella, España comenzó su historia contemporánea
como nación política de ciudadanos libres sólo sometidos al imperio de la ley objetivada
e igual para todos. Con su corolario: por encima de la ley, no estaba ya ni siquiera el
propio rey.
Prueba evidente de la influencia de ese texto constitucional, no ya sólo para la
historia española, es el eco exterior que alcanzó entonces y con posterioridad, como
recuerdan los tratadistas. De hecho, fue inmediatamente traducida y comentada en
varios idiomas (francés, inglés, portugués, italiano, alemán y ruso), fue implantada en
buena parte de los territorios de ultramar (siendo el primer texto constitucional en toda la
América de habla española, salvo Venezuela) y fue imitada o aplicada en varios países
europeos (por ejemplo, Portugal, cuya constitución de 1822 estuvo en gran medida
inspirada por el texto gaditano, así como los reinos, ducados y estados de Nápoles y las

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Núm. 175