III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. Comunidad de Madrid. Convenio. (BOE-A-2024-10463)
Resolución de 20 de mayo de 2024, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126
Viernes 24 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 59387
marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicado en el Boletín
Oficial de dicha Comunidad el día 24 de marzo de 2022; y de acuerdo con las
atribuciones que tiene conferidas por el artículo 50 de la Ley orgánica 2/2023, del 22
de marzo, del Sistema Universitario, y por los Estatutos de la citada Universidad,
aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid (BOCM núm. 260, de 31 de octubre de 2003), y modificados por
Decreto 18/2012, de 26 de enero, del citado Consejo de Gobierno (BOCM núm. 35,
de 10 de febrero de 2012).
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio
de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que ejercen sus funciones con
el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia
establece en su anexo apartado B) 1.b) que la adquisición y gestión de patrimonio
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad
de Madrid, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) 1 del citado
anexo establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y
obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad de Madrid.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales,
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la
Sala de Gobierno, el de la Administración a quién corresponda la titularidad del inmueble
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
cve: BOE-A-2024-10463
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.
Núm. 126
Viernes 24 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 59387
marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicado en el Boletín
Oficial de dicha Comunidad el día 24 de marzo de 2022; y de acuerdo con las
atribuciones que tiene conferidas por el artículo 50 de la Ley orgánica 2/2023, del 22
de marzo, del Sistema Universitario, y por los Estatutos de la citada Universidad,
aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid (BOCM núm. 260, de 31 de octubre de 2003), y modificados por
Decreto 18/2012, de 26 de enero, del citado Consejo de Gobierno (BOCM núm. 35,
de 10 de febrero de 2012).
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio
de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que ejercen sus funciones con
el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia
establece en su anexo apartado B) 1.b) que la adquisición y gestión de patrimonio
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad
de Madrid, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) 1 del citado
anexo establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y
obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad de Madrid.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales,
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la
Sala de Gobierno, el de la Administración a quién corresponda la titularidad del inmueble
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
cve: BOE-A-2024-10463
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