III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio. (BOE-A-2024-10461)
Resolución de 20 de mayo de 2024, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126
Viernes 24 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 59369
Sexto.
El artículo 80 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que, en relación
con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer las
facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial le reconoce y cuantas competencias
ejecutivas le atribuye el título V del Estatuto de Autonomía y la legislación estatal. Así
mismo, el artículo 1.a) del Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública,
manifiesta que corresponde a dicha Consejería: la propuesta, desarrollo, ejecución,
coordinación y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación
con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las materias «(…) recogidas en el capítulo III del título V del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, correspondientes a la Administración de Justicia, salvo la
configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de
comunicación, sin perjuicio de su dirección funcional por esta Consejería». Entre dichas
competencias se encuentran las relativas a la dirección, impulso y coordinación de la
provisión de los medios necesarios, personales y materiales, para el funcionamiento de
la Administración de Justicia en Andalucía, la coordinación y planificación general de las
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con tribunales, juzgados
y fiscalías.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla es el de la
preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus
estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos,
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales,
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del
conocimiento.
El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este convenio,
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de
cve: BOE-A-2024-10461
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.
Núm. 126
Viernes 24 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 59369
Sexto.
El artículo 80 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que, en relación
con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer las
facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial le reconoce y cuantas competencias
ejecutivas le atribuye el título V del Estatuto de Autonomía y la legislación estatal. Así
mismo, el artículo 1.a) del Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública,
manifiesta que corresponde a dicha Consejería: la propuesta, desarrollo, ejecución,
coordinación y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación
con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las materias «(…) recogidas en el capítulo III del título V del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, correspondientes a la Administración de Justicia, salvo la
configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de
comunicación, sin perjuicio de su dirección funcional por esta Consejería». Entre dichas
competencias se encuentran las relativas a la dirección, impulso y coordinación de la
provisión de los medios necesarios, personales y materiales, para el funcionamiento de
la Administración de Justicia en Andalucía, la coordinación y planificación general de las
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con tribunales, juzgados
y fiscalías.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla es el de la
preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus
estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos,
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales,
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del
conocimiento.
El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este convenio,
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de
cve: BOE-A-2024-10461
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.
