T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-8180)
Sala Segunda. Sentencia 37/2024, de 11 de marzo de 2024. Recurso de amparo 378-2022. Promovido por don Otmane Grami respecto de los autos dictados por la Sección Tercera y el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que autorizaron su extradición a Marruecos. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la libertad personal: STC 17/2024 (resoluciones judiciales que acuerdan la extradición a partir de una documentación que no permite poner en duda la necesidad y proporcionalidad de la decisión adoptada por la fiscalía de Marruecos de solicitar la entrega para asegurar el enjuiciamiento del afectado). Voto particular.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99
Martes 23 de abril de 2024
Sec. TC. Pág. 45592
compromiso de las partes de entregarse recíprocamente a las personas que se
encuentren en su territorio y «sean procesadas por un delito», requerimiento que
reproduce en el art. 2.1 al establecer los principios del mínimo punitivo y de doble
incriminación («[s]erán objeto de extradición […] [l]as personas que sean procesadas por
hechos que, según las legislaciones de los dos Estados, estén castigados con una pena
privativa de libertad de dos años de duración como mínimo»). El tenor literal del texto
identifica una institución, la del procesamiento, que en nuestro ordenamiento jurídico
remite al intérprete a una resolución judicial que formaliza la imputación, no a la decisión
de una autoridad no jurisdiccional. Por lo tanto, no se puede descartar que el convenio
no obligue a la intervención del juez en algún momento de la emisión del pedido
extradicional.
Y en este sentido emito mi voto particular.
cve: BOE-A-2024-8180
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, a once de marzo de dos mil veinticuatro.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y
rubricado.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 99
Martes 23 de abril de 2024
Sec. TC. Pág. 45592
compromiso de las partes de entregarse recíprocamente a las personas que se
encuentren en su territorio y «sean procesadas por un delito», requerimiento que
reproduce en el art. 2.1 al establecer los principios del mínimo punitivo y de doble
incriminación («[s]erán objeto de extradición […] [l]as personas que sean procesadas por
hechos que, según las legislaciones de los dos Estados, estén castigados con una pena
privativa de libertad de dos años de duración como mínimo»). El tenor literal del texto
identifica una institución, la del procesamiento, que en nuestro ordenamiento jurídico
remite al intérprete a una resolución judicial que formaliza la imputación, no a la decisión
de una autoridad no jurisdiccional. Por lo tanto, no se puede descartar que el convenio
no obligue a la intervención del juez en algún momento de la emisión del pedido
extradicional.
Y en este sentido emito mi voto particular.
cve: BOE-A-2024-8180
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, a once de marzo de dos mil veinticuatro.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y
rubricado.
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