BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46

Miércoles 21 de febrero de 2024

Sec. III. Pág. 20769

MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio
de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que ejercen sus funciones con
el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Valenciana, en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia
establece en su anexo, apartado B.1.a), que la adquisición y gestión de patrimonio
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad
Valenciana, corresponde a la citada Comunidad. Además, en el apartado C.1 del anexo
del citado Real Decreto establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes,
derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunitat
Valenciana.
Quinto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales,
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio y modificado por Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril,
establece en el artículo 36.1.º que, en relación con la Administración de Justicia,
exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat ejercer en la Comunitat Valenciana
todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce o atribuye al
Gobierno del Estado. Asimismo, el Decreto 10/2023, de 19 de julio, del presidente de la
Generalitat, por el que se determina el número y la denominación de las consellerias y
sus atribuciones, establece en el artículo 6 que se asignan a la Conselleria de Justicia e
Interior, entre otras, las competencias en materia de justicia.

cve: BOE-A-2024-3321
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Sexto.