BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 1

Lunes 1 de enero de 2024

Sec. III. Pág. 133

Por otro lado, este Departamento ministerial, según el artículo 1.1 del Real
Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica
le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos
fundamentales, en particular la libertad y seguridad personales, en los términos
establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen; el mando
superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado;
las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada; las que le
atribuye la legislación en materia de extranjería; el régimen de protección internacional de
refugiados, el régimen de apátridas y la protección a desplazados; la administración y
régimen de las instituciones penitenciarias; la realización de las actuaciones necesarias
para el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio de las competencias sobre
protección civil; y las atribuidas en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible.
Finalmente, el artículo 149.1.30.ª de la Constitución reserva al Estado la competencia
sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales, normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia.
Segundo.
Que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero de 1983, establece en su
artículo 73.3 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de «la
programación y coordinación del sistema universitario de Castilla y León; la creación de
las Universidades públicas y autorización de las privadas; la aprobación de los estatutos
de las Universidades públicas y de las normas de organización y funcionamiento de las
privadas; la coordinación de los procedimientos de acceso a las Universidades y
regulación de los planes de estudio; el marco jurídico de los títulos propios de las
Universidades; la financiación de las Universidades; la regulación y gestión del sistema
propio de becas y ayudas al estudio; el régimen retributivo del personal docente e
investigador contratado en las Universidades públicas y el establecimiento de retribuciones
complementarias del personal docente e investigador funcionario».
Por su parte, la Universidad goza de autonomía, de acuerdo con el artículo 27.10 de
la Constitución y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. El
artículo 3.2.q) de esta última norma establece que dicha autonomía comprende, entre
otros aspectos «el establecimiento de relaciones con otras universidades, instituciones,
organismos, Corporaciones de Derecho Público, Administraciones públicas o empresas y
entidades locales, nacionales e internacionales, con el objeto de desarrollar algunas de
las funciones que le son propias a la Universidad».

Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación en el desarrollo
de un programa de prácticas académicas externas para que los estudiantes de la
Universidad puedan realizar prácticas curriculares y extracurriculares, no remuneradas,
en el Ministerio del Interior que les permitan a los mismos aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de
competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su
empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Cuarto.
Que el presente convenio se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014,
de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios y otras normas complementarias que puedan resultar de aplicación.

cve: BOE-A-2024-50
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Tercero.