BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 18 de noviembre de 2023

Sec. III. Pág. 153904

Por su parte, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, declara en su Exposición de
Motivos, haciendo referencia a la existencia de jurisprudencia al respecto, que:
«El carácter determinante de los pronunciamientos ambientales se manifiesta en una
doble vertiente, formal y material. Desde el punto de vista formal o procedimental, el
carácter determinante de los pronunciamientos ambientales implica que no es posible
continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo en tanto éste no se evacue.»
En consecuencia, la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto, tras la
conclusión del procedimiento de evaluación ambiental conforme a la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, es un requisito ineludible para la concesión de la autorización
administrativa previa del proyecto, tal como señala reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, por ejemplo, en su Sentencia 1347/2017, de 5 de abril:
«No se puede obviar la especial naturaleza de la DIA, en cuanto se trata de un
informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que evalúa la integración de los
aspectos ambientales de forma que su nulidad conlleva por su gravedad e importancia,
como ocurre en el presente caso, la de la autorización.»
Cuarto. Sobre el cumplimiento de los hitos administrativos para el acceso y conexión a
las redes de transporte y distribución de electricidad.
El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en su artículo 1,
apartado 1 dispone que los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de
generación de energía eléctrica que hubieran obtenido dichos permisos con
posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor de este real
decreto-ley, deberán obtener la declaración de impacto ambiental favorable en un plazo
de 31 meses y la autorización administrativa previa en un plazo de 34 meses.
Lo anterior debe ponerse en relación con el citado artículo 53 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, conforme al cual la autorización administrativa de instalaciones de
generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos
de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.
A continuación, se añade, en el apartado 2 del artículo 1 del Real Decretoley 23/2020, de 23 de junio, que:
«La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos
administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de
acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos y la ejecución inmediata por el
órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las
garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las
redes de transporte y distribución. No obstante, si por causas no imputables al promotor,
no se produjese una declaración de impacto ambiental favorable, no se procederá a la
ejecución de dichas garantías.»
Quinto. Sobre la garantía económica aplicable a las solicitudes de acceso y conexión a
la red de transporte.
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica regula, en su artículo 23, las garantías
económicas necesarias para la tramitación de los procedimientos de acceso y conexión
de instalaciones de generación de electricidad. En concreto, en el apartado 1 de dicho
artículo, se dispone que «Para las instalaciones de generación de electricidad, el
solicitante, antes de realizar la solicitud de acceso y conexión a la red de transporte, o en
su caso a la red de distribución, deberá presentar, ante el órgano competente para
otorgar la autorización de la instalación, resguardo acreditativo de haber depositado, con

cve: BOE-A-2023-23392
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Núm. 276