III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2023-22470)
Resolución de 10 de octubre de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Ciudad Real n.º 2, por la que se deniega la práctica de una nota marginal relativa a la posible afección de una finca a un futuro procedimiento de deslinde de vía pecuaria.
13 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 2 de noviembre de 2023
Sec. III. Pág. 146702
reivindicado, aludiéndose a la necesidad de practicar un deslinde para precisar los
límites de las propiedades en cuestión».
En este punto no podemos olvidar la presunción derivada del principio de
legitimación registral que consagra el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, conforme al cual
«a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el
Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento
respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos».
En particular, sobre las consecuencias de la ausencia de deslinde de una vía pecuaria
frente al principio de legitimación registral como efecto fundamental de los
pronunciamientos del Registro de la Propiedad, debe traerse a colación la Sentencia del
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 5 de febrero de 1986 que
manifestó lo siguiente: «Frente a las invasiones y usurpaciones de terrenos de dominio
público, entre los que se incluyen las vías pecuarias (…) la Administración es titular de
facultades recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio,
quedando por ello excluida de las mismas toda cuestión que implique definición de
derechos dominicales por venir éstas reservadas en exclusiva a la jurisdicción civil,
debiendo calificarse de tal aquélla en que existe una indeterminación de límites entre la vía
pecuaria y los terrenos colindantes de dominio privado inscrito en el Registro de la
Propiedad Inmobiliaria y amparado en su fuerza legitimadora, tal y como ocurre en el
supuesto de autos en el cual la esencia del problema planteado consiste en decidir si el
terreno ocupado por el demandante forma parte integrante de la vía pecuaria o pertenece
a la propiedad del mismo y de ello excede de la competencia de la Administración y de
esta Jurisdicción y sólo puede dilucidarse mediante el ejercicio de las acciones civiles
pertinentes ante los jueces ordinarios, siendo por tanto procedente la confirmación de la
sentencia apelada que así lo declara y a cuya fundamentación jurídica cabe añadir que
entre la presunción de la legalidad que protege los actos administrativos y la legitimación
derivada del Registro de la Propiedad debe, en el caso contemplado, concederse
preferencia a esta última puesto que la indeterminación en los límites de ambas
propiedades colindantes es únicamente imputable a la Administración al haber dejado de
practicar las operaciones de deslinde y amojonamiento posteriores a la clasificación de la
vía pecuaria que le impone las normas legales y reglamentarias citadas».
6. No obstante lo anterior, la protección registral que la Ley otorga al dominio
público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace
extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el
deslinde tiene un valor declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero
de 2014, fundamento de Derecho séptimo), pero de cuya existencia tenga indicios
suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de
inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo y vinculante a la práctica de la inscripción,
diversas leyes especiales sujetan la inmatriculación de las fincas a la emisión de un
informe previo favorable, así sucede en el caso de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre,
de carreteras, artículo 30.7, en el caso de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, artículo 22, y en el caso de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
artículo 15.
Y avanzando decididamente en la senda de la protección registral del dominio
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria,
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al respecto,
sino también en diversos artículos del Título VI de la ley que contienen manifestaciones
concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 y 205, si bien
cve: BOE-A-2023-22470
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 262
Jueves 2 de noviembre de 2023
Sec. III. Pág. 146702
reivindicado, aludiéndose a la necesidad de practicar un deslinde para precisar los
límites de las propiedades en cuestión».
En este punto no podemos olvidar la presunción derivada del principio de
legitimación registral que consagra el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, conforme al cual
«a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el
Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento
respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos».
En particular, sobre las consecuencias de la ausencia de deslinde de una vía pecuaria
frente al principio de legitimación registral como efecto fundamental de los
pronunciamientos del Registro de la Propiedad, debe traerse a colación la Sentencia del
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 5 de febrero de 1986 que
manifestó lo siguiente: «Frente a las invasiones y usurpaciones de terrenos de dominio
público, entre los que se incluyen las vías pecuarias (…) la Administración es titular de
facultades recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio,
quedando por ello excluida de las mismas toda cuestión que implique definición de
derechos dominicales por venir éstas reservadas en exclusiva a la jurisdicción civil,
debiendo calificarse de tal aquélla en que existe una indeterminación de límites entre la vía
pecuaria y los terrenos colindantes de dominio privado inscrito en el Registro de la
Propiedad Inmobiliaria y amparado en su fuerza legitimadora, tal y como ocurre en el
supuesto de autos en el cual la esencia del problema planteado consiste en decidir si el
terreno ocupado por el demandante forma parte integrante de la vía pecuaria o pertenece
a la propiedad del mismo y de ello excede de la competencia de la Administración y de
esta Jurisdicción y sólo puede dilucidarse mediante el ejercicio de las acciones civiles
pertinentes ante los jueces ordinarios, siendo por tanto procedente la confirmación de la
sentencia apelada que así lo declara y a cuya fundamentación jurídica cabe añadir que
entre la presunción de la legalidad que protege los actos administrativos y la legitimación
derivada del Registro de la Propiedad debe, en el caso contemplado, concederse
preferencia a esta última puesto que la indeterminación en los límites de ambas
propiedades colindantes es únicamente imputable a la Administración al haber dejado de
practicar las operaciones de deslinde y amojonamiento posteriores a la clasificación de la
vía pecuaria que le impone las normas legales y reglamentarias citadas».
6. No obstante lo anterior, la protección registral que la Ley otorga al dominio
público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace
extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el
deslinde tiene un valor declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero
de 2014, fundamento de Derecho séptimo), pero de cuya existencia tenga indicios
suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de
inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo y vinculante a la práctica de la inscripción,
diversas leyes especiales sujetan la inmatriculación de las fincas a la emisión de un
informe previo favorable, así sucede en el caso de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre,
de carreteras, artículo 30.7, en el caso de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, artículo 22, y en el caso de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
artículo 15.
Y avanzando decididamente en la senda de la protección registral del dominio
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria,
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al respecto,
sino también en diversos artículos del Título VI de la ley que contienen manifestaciones
concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 y 205, si bien
cve: BOE-A-2023-22470
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 262
