BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 29 de junio de 2023

Sec. III. Pág. 91138

declaración de éste resulte contradicha por la documentación aportada y los asientos del
registro mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse.
Para que así sea es preciso que de los hechos derive una situación de conflicto tal
que resulte patente la falta de legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre
cuando existen juntas contradictorias (Resolución de 20 de diciembre de 2012), o
cuando existen dos listas de asistentes diferentes (Resolución de 29 de octubre de 1999)
o dos Libros Registros diferentes (Resolución de 13 de febrero de 1998), o cuando del
acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del
derecho de voto (Resolución de 24 de octubre de 2016); y también cuando se prescinde
de la legitimación que como socios corresponde a los herederos del socio fallecido
mientras no se haya consumado el ejercicio por los socios sobrevivientes del derecho de
adquisición preferente establecido en su favor por los estatutos (Resolución de 23 de
julio de 2019), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la
declaración de válida constitución de la junta.
Obsérvese que el sesgo interpretativo para hacer uso de esta excepción ha de ser
especialmente riguroso, pues no se trata de que la actuación de la mesa de la junta
ofrezca alguna duda en cuanto a su acierto, sino que, justo al revés, es su equivocación
la que debe resultar indudable por evidente. En la duda, es decir, si puede haber razones
que justifiquen su actuación, por mucho que al registrador le parezcan poco atendibles,
se ha de pasar por la declaración de aquélla. A partir de ahí, ya es cometido judicial
anular el acuerdo.
4. Que en el presente caso existe una contienda hereditaria resulta obvio, pero hay
razones que pudieran justificar que la solución, al menos en el ámbito registral, no ha de
venir necesariamente por la aplicación maquinal de la regla estatutaria sobre la
atribución al nudo propietario de la cualidad de socio. Los únicos documentos claramente
indiscutibles y que enmarcan todo el debate son dos. De un lado, el testamento de la
causante, donde además de la institución de heredero a favor del hijo y el legado de
usufructo universal al esposo, también se ordena un legado de parte alícuota del 25 por
ciento de la herencia a favor de sus hermanos. De otro lado, el documento ante notario
suizo donde los esposos formalizan un doble contrato de matrimonio y de herencia. En
virtud del primero pactan el régimen de separación de bienes y por el segundo se
asignan mutuamente el usufructo vitalicio de su patrimonio, dejando claro su deseo de
que la entrega de los bienes a los herederos de cada uno solo tenga lugar tras la muerte
del último de los dos. Conviene insistir en la naturaleza contractual de esta última
disposición, que no habría de verse alterada por la «professio iuris» de la causante en su
testamento por el derecho español (artículo 9.8 Código Civil). En cuanto representa el
título constitutivo del usufructo, será un problema de interpretación determinar si la
voluntad del constituyente era atribuir el ejercicio de todos los derechos sociales al
usufructuario, en coherencia con la rotunda posposición de entrega a la muerte de
ambos, pues en el caso de participaciones sociales solo puede referirse a esos
derechos, ya que no hay títulos. Esta atribución es posible en el plano interno, aunque la
sociedad la pueda desconocer en defecto de previsión estatutaria, pero ese
desconocimiento resulta algo más problemático cuando existe una clara identidad entre
los socios y los implicados en aquel título (el ejemplo de la sentencia del Tribunal
Supremo de 25 de febrero de 2016 recurso 2363/2013).
A partir de aquí, la escritura de herencia es un título generado únicamente por el
heredero, donde, por sí solo, rectifica la declaración hecha por su madre en el
testamento de estar casada en gananciales (dato cuya relevancia para la composición
patrimonial de la herencia a nadie escapa), incluye como privativa la participación en una
serie de sociedades, entre ellas la sociedad que nos ocupa, prescinde del contador
partidor nombrado en el testamento, y se adjudica todas las participaciones
inventariadas, sin atender al legado de parte alícuota a favor de los hermanos de
aquélla, a los que simplemente emplaza para, una vez acepten el legado, proceder a su
concreción en bienes o participaciones indivisas de bienes hereditarios. Pero debe
recordarse que el legatario deviene titular del legado ipso iure en el momento de la

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