III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. (BOE-A-2023-13203)
Resolución de 26 de mayo de 2023, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la cesión de uso de la aplicación informática para la valoración de la discapacidad.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de junio de 2023
Sec. III. Pág. 78672
para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen y, al
efecto,
EXPONEN
I
Que el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, adscribe a dicho Ministerio, a través de la
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la entidad gestora de la Seguridad Social
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en
adelante Imserso) atribuye a este la propuesta de normativa básica que garantice los
principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos
del reconocimiento del grado de discapacidad. Igualmente, la elaboración, actualización
técnica y ordenación jurídica de los baremos para la calificación de la discapacidad y de
la dependencia, así como el mantenimiento, seguimiento y evaluación de la base de
datos estatal con los resultados de la valoración.
II
Que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, establece un sistema especial de prestaciones económicas para las
personas con discapacidad.
A su vez, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, regula la protección familiar por hijo
a cargo y la pensión no contributiva de invalidez para las personas que acrediten un
determinado grado de discapacidad.
III
Que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es competente en materia de
servicios sociales y, en virtud de ello, ha desarrollado prestaciones, beneficios y servicios
para las personas con discapacidad, con el fin de eliminar desigualdades, mejorar su
calidad de vida y remover obstáculos que impidan su plena participación en la sociedad.
Además, es competente en materia de gestión de pensiones no contributivas de la
Seguridad Social y de prestaciones económicas para las personas con discapacidad.
IV
Que la regulación de la determinación del grado de discapacidad está contenida en
el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con la
finalidad de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea
uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones
para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación.
Corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas o, en el
caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, al Imserso, el reconocimiento y revisión de
grado de discapacidad.
cve: BOE-A-2023-13203
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 131
Viernes 2 de junio de 2023
Sec. III. Pág. 78672
para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen y, al
efecto,
EXPONEN
I
Que el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, adscribe a dicho Ministerio, a través de la
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la entidad gestora de la Seguridad Social
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en
adelante Imserso) atribuye a este la propuesta de normativa básica que garantice los
principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos
del reconocimiento del grado de discapacidad. Igualmente, la elaboración, actualización
técnica y ordenación jurídica de los baremos para la calificación de la discapacidad y de
la dependencia, así como el mantenimiento, seguimiento y evaluación de la base de
datos estatal con los resultados de la valoración.
II
Que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, establece un sistema especial de prestaciones económicas para las
personas con discapacidad.
A su vez, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, regula la protección familiar por hijo
a cargo y la pensión no contributiva de invalidez para las personas que acrediten un
determinado grado de discapacidad.
III
Que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es competente en materia de
servicios sociales y, en virtud de ello, ha desarrollado prestaciones, beneficios y servicios
para las personas con discapacidad, con el fin de eliminar desigualdades, mejorar su
calidad de vida y remover obstáculos que impidan su plena participación en la sociedad.
Además, es competente en materia de gestión de pensiones no contributivas de la
Seguridad Social y de prestaciones económicas para las personas con discapacidad.
IV
Que la regulación de la determinación del grado de discapacidad está contenida en
el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con la
finalidad de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea
uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones
para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación.
Corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas o, en el
caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, al Imserso, el reconocimiento y revisión de
grado de discapacidad.
cve: BOE-A-2023-13203
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 131
