I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Organización. (BOE-A-2023-7938)
Real Decreto 204/2023, de 28 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 29 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 45689

climático, están generando nuevas necesidades de financiación y de adecuación de los
instrumentos disponibles a un escenario cambiante. Así, asistimos a un proceso de
reflexión acerca de la idoneidad de la arquitectura financiera internacional que busca
reforzar su capacidad de reacción ante un escenario complejo y de contribuir al
mantenimiento de los bienes públicos globales. Por tanto, la nueva Subdirección General
de Bancos Multilaterales de Desarrollo, FMI y G20 aunará las tareas hasta ahora
desempeñadas por dos subdirecciones generales (Subdirección General de Instituciones
Financieras Multilaterales y la Subdirección General de Relaciones con el FMI y el G20)
para coordinar la estrategia española en este ámbito, aprovechando las sinergias
desarrolladas durante los últimos años, y así dar mejor respuesta a los retos actuales
Como consecuencia de todo lo anterior, el número de subdirecciones generales
dependientes de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional
permanece inalterado, evitando, así, incurrir en gastos adicionales.
Por otro lado, en el actual contexto de ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, el peso de las actividades relacionadas con el seguimiento
y negociación de las reformas y las inversiones en la Dirección General de Política
Económica es cada vez mayor. El carácter estratégico del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia es manifiesto, en tanto supone la hoja de ruta de política
económica del país con un horizonte que se extiende hasta 2026, incluyendo una
amplísima y ambiciosa batería de medidas que inciden en todos los sectores productivos
y ámbitos socio-económicos con capacidad de transformación, potenciación del
crecimiento y creación de empleo, al tiempo que se fomenta la cohesión social y
territorial y la igualdad de género.
El Plan marca la evolución de la política económica española en el corto y medio
plazo. Asimismo, muchos sectores productivos se encuentran en un profundo proceso de
trasformación, impulsados en parte por las reformas e inversiones del Plan que obliga a
actualizar de manera permanente los postulados económicos en la materia y por lo tanto
las aproximaciones de política económica.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye un conjunto coherente
de reformas e inversiones que se complementan entre sí y refuerzan mutuamente su
eficacia. Por tanto, la labor de seguimiento de la Dirección General de Política
Económica no se limita a las reformas, sino que, necesariamente, ha de incluir el análisis
de las inversiones, teniendo en cuenta su carácter estructural. En particular, se requiere
un estudio profundo de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (en adelante, PERTE), proyectos prioritarios, especialmente
complejos o en los que existe un claro fallo de mercado, externalidades importantes o
una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Se trata
de proyectos con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y
la competitividad de la economía española, con un alto componente de colaboración
público privada y transversales a las diferentes administraciones.
La implementación de todas estas medidas incluidas en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia exige la aprobación de instrumentos jurídicos de diverso
rango legal, que incluyen no solo la regulación para la ordenación de sectores
económicos y de otros aspectos de carácter transversal, sino también la definición de
bases reguladoras de las convocatorias de ayuda o el establecimiento de criterios de
reparto de fondos entre Comunidades Autónomas para su gestión en el ejercicio de sus
competencias.
Todas estas normas son sometidas a informe de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos encargada, entre otras competencias, de estudiar las
directrices generales de política económica y velar por la coordinación y coherencia de
las políticas de los distintos departamentos ministeriales. En este sentido, la labor dentro
de la Dirección General es doble. De un lado, la organización y gestión de la Comisión
Delegada, a través de su Secretaría Técnica y, del otro lado, el análisis de los asuntos a
tratar.

cve: BOE-A-2023-7938
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Núm. 75