BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 17 de marzo de 2023

Sec. III. Pág. 40640

temáticamente o multidisciplinar en los saberes científico, tecnológico, humanístico y
artístico, dirigida a la especialización académica y a la profesional, o bien al aprendizaje
en las actividades investigadoras.
El artículo 17 del citado Real Decreto, prevé que los planes de estudios para obtener
un título de Máster Universitario contarán con 60, 90 o 120 créditos del Sistema Europeo
de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), distribuidos en materias y
asignaturas obligatorias y optativas, el trabajo fin de Máster, las prácticas académicas
externas si las hubiera (que no podrán superar un tercio de la carga crediticia total que
conforma el plan de estudios), y otras actividades
académicas y que el trabajo fin de Máster es requisito imprescindible para obtener el
título oficial y deberá ser defendido en un acto público, siguiendo la normativa que a tal
efecto disponga el centro o en su caso la universidad.
3.º El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, establece dos modalidades de
prácticas externas; las curriculares (que se configuran como actividades académicas
integrantes del Plan de Estudios de que se trate) y las extracurriculares (aquellas que los
estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y
que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del
correspondiente Plan de Estudios).
El artículo 7 de dicho real decreto prevé que para la realización de las prácticas
externas «las universidades o, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas
vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras, entre las que se incluyen las empresas, instituciones y entidades públicas
y privadas en el ámbito nacional e internacional. En dicho artículo se regula el contenido
de dichos convenios.
4.º Que el CSIC, con sede en Madrid, calle de Serrano 117, CP 28006 y NIF
Q-2818002-D, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un organismo público de investigación (OPI),
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de
Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la
investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al
avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación
de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias.
El CSIC está constituido como agencia estatal y, en dicha condición, se rige por lo
establecido en los artículos 108 bis y 108 -sexies introducidos por la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021-, de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, se rige por las disposiciones de su
Estatuto aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, (modificado por el Real
Decreto 202/2021, de 30 de marzo, BOE número 77 de 31 de marzo de 2021), que en su
artículo 5, recoge entre sus funciones, formar personal científico, técnico y de gestión de la
ciencia y la tecnología, así como colaborar con las universidades en la investigación científica
y tecnológica y en las enseñanzas especializadas y de postgrado, dentro de las que se
encuadra el objeto del presente convenio.
El CSIC se estructura en institutos y centros de investigación, unidades y órganos de
dirección y apoyo a la investigación (ICU) con capacidad para acoger a estudiantes
universitarios.
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su
artículo 34.1, establece que los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las Administraciones Públicas, las
universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración
General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones
públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e
instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios sujetos al derecho
administrativo. Podrán celebrar estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con
agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales,

cve: BOE-A-2023-7049
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Núm. 65