BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64

Jueves 16 de marzo de 2023

Sec. III. Pág. 39153

c) El acuerdo unánime de los firmantes.
d) La falta de un número mínimo de alumnos durante dos cursos académicos
consecutivos, si así lo deciden unánimemente los firmantes.
e) La insuficiencia de ingresos para garantizar la ejecución del presupuesto de
gastos durante dos cursos académicos consecutivos
f) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
g) La denuncia de alguna de las partes, sin que sea necesaria causa justificada,
notificada con una antelación de, al menos, cinco meses a la fecha del inicio de la
edición que no se quiera ya impartir.
h) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
i) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.
En el caso de incumplimiento, la otra Parte notificará a la Parte incumplidora un
requerimiento para que en el plazo de quince (15) días naturales cumpla con las
obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la
comisión de seguimiento del convenio. Si transcurrido dicho plazo persistiera el
incumplimiento, la Parte que lo detectó notificará a la incumplidora la concurrencia de la
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio con efectividad desde la
inscripción de su resolución en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos
de Cooperación del sector público estatal.
A la extinción del convenio se procederá a la liquidación de los compromisos
financieros recogidos en las cláusulas octava, novena y décima, de conformidad con lo
establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las Partes acuerdan que una vez resuelto el convenio continuarán las actuaciones en
curso de manera que se garantice a los alumnos que ya estuvieran cursando el Máster la
posibilidad de finalizar sus estudios de acuerdo con la normativa vigente aplicable en materia
de años de permanencia. Para ello las partes, a través de la comisión de seguimiento,
determinarán la fecha improrrogable de finalización de las actividades, teniendo en cuenta los
alumnos existentes y la citada normativa aplicable vigente en materia de años de permanencia.
Régimen jurídico y resolución de conflictos
Decimoctava.

Régimen jurídico.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por el capítulo VI
del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre; por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre; por el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, y por la
normativa propia de la UIMP en materia de títulos oficiales de posgrado.
Resolución de conflictos.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del
presente convenio, a través de la comisión de seguimiento. En caso de no ser posible
una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, ambas partes se someten
expresamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente documento a un solo efecto,
en Madrid, en las fechas indicadas en las firmas electrónicas, tomándose como fecha de
formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., Carlos Andradas Heranz, 24 de febrero
de 2023.–Por la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, Lucía Sala Silveira, 2
de marzo de 2023.–Por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset,
Antonio López Vega, 3 de marzo de 2023.

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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

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Decimonovena.