BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301

Viernes 16 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 174894

EXPONEN
Primero.
Que el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad
Social.
Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de
diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social (BOE
de 3 de enero de 1997), «específicamente se atribuye al Instituto Nacional de la
Seguridad Social competencia en las siguientes materias:
a) El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del
Sistema de la Seguridad Social y en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Instituto Nacional de Empleo en materia de prestaciones de
protección por desempleo y al Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar.
b) El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, con excepción de
aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales o
servicios competentes de las comunidades autónomas.».
De acuerdo a la Resolución de 18 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, sobre delegación de competencias, las personas titulares de las
direcciones provinciales tienen atribuidas en materia de convenios de colaboración y
protocolos generales de actuación a los que se refiere el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en relación con la propuesta
del pago de las obligaciones derivadas de las resoluciones de responsabilidad patrimonial:
a) La facultad para suscribir, modificar, prorrogar y acordar la extinción de
convenios de colaboración con otras organizaciones e instituciones de carácter público o
privado, así como la memoria justificativa que deba acompañar a aquellos, siempre que
los efectos de dichos convenios se circunscriban al ámbito territorial de la dirección
provincial, que la contraprestación económica, si la hubiere, no supere la cantidad
de 450.000,00 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y que se imputen a los
créditos presupuestarios que se habiliten a la dirección provincial. La firma del convenio
o acuerdo, su modificación o prórroga o la adopción del acuerdo de extinción por la
dirección provincial deberán ser expresamente autorizadas por la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. La citada facultad no alcanzará a los acuerdos
y convenios que por razón de su ámbito territorial u objeto quedan reservados a la
Dirección General.
b) La suscripción de protocolos generales de actuación o instrumentos similares a
los que se refiere el artículo 47.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, que deberán ser autorizados expresamente por
la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Que conforme se deriva de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación, uno de los fines de la Universidad de
Castilla-La Mancha es el de la preparación académica y profesional de los distintos
ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta
de interés la organización de prácticas externas que completen los conocimientos
adquiridos en las aulas.

cve: BOE-A-2022-21401
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Segundo.